La finalización del proyecto múltiple de la presa de Monte Grande podría ser un punto de inflexión para el desarrollo socioeconómico del suroeste de la República Dominicana.
Este proyecto, inaugurado el 25 de enero de 2024, busca mitigar inundaciones, suministrar agua potable y potenciar la agricultura en la región Enriquillo.
El presidente Luis Abinader enfrenta la necesidad de planificar el progreso en esta área, que ha sufrido por años la falta de atención a sus planes de desarrollo.
La combinación de la presa y el potencial turístico de la zona podría generar un cambio significativo en las condiciones de vida de sus habitantes.
Estudios y planes de acción
Se sugiere que el gobierno realice un estudio profundo sobre el impacto de la presa en la región.
Este análisis debería incluir aspectos sociológicos y socioeconómicos, con el fin de diseñar un Plan Maestro que contemple no solo el desarrollo turístico, sino también el agropecuario e industrial.
Además, se hace un llamado a asignar los recursos necesarios para continuar con la obra, ya que hasta el momento no se ha confirmado la asignación de partidas presupuestarias tras la inauguración del embalse.
Las autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) no han proporcionado aclaraciones sobre este asunto.
Propuesta de Ley Cuota Parte 2.0
Se propone a los legisladores de las provincias afectadas que trabajen en un anteproyecto de Ley Cuota Parte 2.0.
Esta nueva legislación buscaría actualizar la actual Ley de Cuota Parte, que data de más de 40 años, para asegurar un mejor aprovechamiento de los recursos de tierra y agua que se verán beneficiados por la presa.
La Ley Cuota Parte 2.0 no solo se centraría en la reforma agraria, sino que también serviría como base para impulsar el desarrollo agropecuario y agroindustrial en la región.
Se estima que entre 300,000 y 700,000 tareas podrían ser irrigadas por las aguas acumuladas en el embalse, lo que representa una oportunidad significativa para el progreso regional.
El gobierno, el INDRHI, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y los legisladores tienen la responsabilidad de colaborar y trabajar en un plan que permita a la región superar sus limitaciones históricas y avanzar hacia un futuro más próspero.
