La empresa NOVOSIT, S.R.L. ha interpuesto una demanda contra el Estado dominicano y el Consejo del Poder Judicial, reclamando una indemnización de más de RD$207 millones por daños económicos sufridos durante la ejecución del Proyecto de Conversión Digital de los Expedientes Judiciales Activos. La acción fue presentada ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) bajo el expediente núm. 2026-0236918.

Según NOVOSIT, los perjuicios se derivan de la actividad administrativa durante la modernización tecnológica del sistema judicial. La demanda no busca la nulidad del proyecto ni cuestiona su legalidad, sino que se centra en la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños ocasionados durante su ejecución.

Los abogados de la empresa, Carlos Julio Martínez Ruiz y Enrique Alfonso Vallejo Garib, aclararon que el proceso no cuestiona la transformación digital del Poder Judicial. La demanda se enfoca en determinar si el Estado debe indemnizar los daños ocasionados al imponer cargas extraordinarias a la empresa.

La cuantificación de los daños asciende a RD$207,372,651.86, respaldada por documentación financiera y técnica presentada en el expediente, aunque se prevé que se presenten más pruebas durante el proceso. La demanda se origina en el contrato CSP núm. 060-2020, firmado entre NOVOSIT y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

NOVOSIT sostiene que el PNUD actuó solo como administrador del procedimiento de contratación, mientras que la concepción y supervisión del proyecto correspondieron al Consejo del Poder Judicial, que es quien habría generado los daños reclamados. La empresa argumenta que las modificaciones contractuales y los nuevos requerimientos obligaron a mantener una estructura operativa superior a la inicialmente prevista.

La empresa indica que, aunque los beneficios del proyecto se han integrado al servicio de administración de justicia, la carga económica ha recaído exclusivamente sobre ella. La acción judicial se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución y en la Ley 107-13, que reconocen la responsabilidad patrimonial del Estado por daños causados incluso por actuaciones administrativas lícitas.

Los abogados de NOVOSIT afirmaron que esta demanda no cuestiona la importancia de la transformación digital del Poder Judicial, sino que plantea si es constitucional que el Estado retenga los beneficios de una política pública mientras un particular asume las cargas extraordinarias sin compensación.

La decisión del Tribunal Superior Administrativo podría establecer un precedente en la responsabilidad patrimonial del Estado, definiendo el alcance del deber de indemnizar cuando una política pública genera beneficios permanentes para el Estado, pero las cargas recaen sobre un solo individuo. La demanda está respaldada por un expediente que incluye el contrato, enmiendas y documentación técnica que sustentan la reclamación.