Las nuevas reglas europeas contra el lavado verde (greenwashing) inician una conversación crucial para la República Dominicana sobre cómo diferenciar un verdadero compromiso ambiental de una simple estrategia publicitaria. Desde el 27 de septiembre de 2026, los países de la Unión Europea deberán implementar las normas nacionales adoptadas para la Directiva (UE) 2024/825, la cual busca combatir el greenwashing, una práctica en aumento que implica presentar productos o actividades como más ecológicos de lo que realmente son.
El greenwashing no siempre implica una mentira absoluta; a menudo se basa en exagerar una pequeña acción positiva para crear una imagen ambiental que no refleja la realidad completa. Por ejemplo, una empresa puede reducir el uso de plástico en un envase, pero si se presenta como “100 % sostenible” sin abordar otros impactos negativos, está incurriendo en esta práctica engañosa.
Normativa europea y sus implicaciones
La nueva normativa europea prohíbe mensajes ambientales vagos cuando las empresas no pueden demostrar, mediante criterios reconocidos, un desempeño ambiental sobresaliente. También se prohíbe el uso de sellos o etiquetas de sostenibilidad que carezcan de un sistema de certificación o que no estén respaldados por una autoridad pública.
Además, se busca evitar que las empresas presenten un producto como ambientalmente responsable cuando solo una parte de él cumple con esos criterios. Por ejemplo, no es lo mismo afirmar que “este envase contiene material reciclado” que decir que “este producto está hecho con material reciclado” si solo el empaque es reciclado.
La normativa también impide que se declare un producto como “carbono neutral” basándose únicamente en la compra de compensaciones de emisiones, exigiendo que la comunicación esté respaldada por el proceso real de fabricación, uso y disposición del producto.
En la República Dominicana, el avance hacia una mayor conciencia ambiental es evidente, con un creciente enfoque en la economía circular, energías renovables y reciclaje. La Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, vigente desde enero de 2026, permite incluir criterios ambientales en las contrataciones, lo que representa un paso significativo hacia la sostenibilidad.
Desafíos y realidades
A pesar de estos avances, persisten prácticas ambientales cuestionables. Por ejemplo, el Informe GEO República Dominicana 2024 destaca que la recolección y tratamiento de aguas residuales son insuficientes, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de las iniciativas ambientales en curso.
Un incidente en julio de 2025, donde el Ministerio de Medio Ambiente detuvo labores de limpieza de playa por incumplimientos de un hotel en Uvero Alto, subraya la necesidad de coherencia entre la imagen pública y las prácticas reales. Esto no implica que todo el sector hotelero actúe de manera irresponsable, pero sí resalta la importancia de la transparencia.
La República Dominicana cuenta con una legislación que protege contra la publicidad engañosa, pero aún carece de reglas específicas sobre lo que constituye una afirmación ambiental veraz. La conversación sobre lo que realmente significa ser “verde” está comenzando, y es esencial que empresas y consumidores participen en ella.
El greenwashing no solo es un problema empresarial, sino también un reflejo de nuestras propias acciones. La sostenibilidad debe ser un compromiso genuino, no solo una imagen que se proyecta en redes sociales. La verdadera sostenibilidad implica un cambio real en cómo producimos, consumimos y vivimos, y es fundamental que este cambio sea visible y verificable.
