El costo real de una creciente nómina pública no se limita únicamente al monto que se destina a su mantenimiento, sino que abarca todo lo que la sociedad debe renunciar a invertir en la economía.

Esta situación se ha vuelto cada vez más preocupante, especialmente al observar los datos recientes proporcionados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

Según los informes de la Sisalril, a enero de 2026 se registraron un total de 773,025 empleados en la nómina pública, lo que representa un aumento del 4.8% en comparación con enero de 2025.

Este incremento se traduce en la incorporación de 35,273 nuevos trabajadores en solo un año, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este crecimiento.

En el análisis de la Sisalril, se revisó la serie completa de datos desde 2008, lo que resultó en una reducción de los niveles previamente publicados.

A lo largo de la última década, la nómina pública ha experimentado un aumento significativo de 254,378 empleados, lo que refleja una tendencia preocupante en el gasto público.

Aumento a Pesar de las Restricciones

A pesar de las medidas implementadas por las autoridades en septiembre de 2024 para restringir la contratación de nuevos empleados, la nómina pública ha seguido creciendo.

Desde esa fecha hasta enero de 2026, se ha registrado un aumento del 6.4%, lo que equivale a 46,538 nuevos empleados, lo que contradice las intenciones de control del gasto público.

De acuerdo con la Ley General de Presupuesto, se estima que para 2026, el gasto en remuneraciones representará el 23.2% del gasto público total, convirtiéndose en el componente más elevado según la clasificación económica del gasto.

Este incremento en la nómina pública no solo afecta el presupuesto, sino que también limita la capacidad del gobierno para invertir en proyectos que generen un valor económico real.

El constante crecimiento de la nómina pública implica que se deben destinar más recursos para su sostenimiento, recursos que provienen directa o indirectamente de la actividad productiva.

Esto significa que, en lugar de ser invertidos en iniciativas que puedan beneficiar a la economía, estos fondos se desvían hacia el mantenimiento de una estructura que podría no ser sostenible a largo plazo.

En conclusión, el costo real de una creciente nómina pública no se mide solo en términos de gastos directos, sino en las oportunidades perdidas para la inversión en la economía que podrían generar un impacto positivo en la sociedad.

Esta situación plantea un desafío importante para las autoridades y la planificación económica futura.

Esta información ha sido proporcionada por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), que continúa analizando la situación del empleo público y sus implicaciones para el desarrollo económico del país.