Mujeres peruanas que denuncian haber sido sometidas a esterilizaciones forzadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) expresaron su indignación tras el archivo de la investigación fiscal, decisión que atribuyen a una ley que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002. Durante una rueda de prensa en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), las afectadas anunciaron que llevarán la decisión ante el sistema interamericano de derechos humanos.
“A todas las peruanas afectadas la noticia nos ha caído como un balde de agua helada”, manifestó Dionicia Calderón, una de las denunciantes. Calderón, campesina de la región andina de Ayacucho, forma parte de las 4.172 personas incluidas en el expediente de denuncias por procedimientos realizados de manera forzada o sin consentimiento informado. Estas intervenciones, que incluyeron ligaduras de trompas y vasectomías, fueron parte del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar aplicado entre 1996 y 2000.
Entre los investigados se encuentra el expresidente Fujimori, fallecido en 2024, y varios exministros de su Gobierno, incluido Alejandro Aguinaga, actual senador y dirigente del fujimorismo. La directora ejecutiva de la Cnddhh, Tania Pariona, advirtió que el archivo compromete el acceso a la justicia de más de 4.000 víctimas, cuestionando que la decisión se base en la Ley 32107, promovida por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi.
Pariona sostuvo que, a pesar de la decisión, existían elementos suficientes para continuar las investigaciones contra 52 personas vinculadas a la política de esterilizaciones. Además, señaló que esta medida contradice los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en otros procesos.
Relatos de las víctimas
El año pasado, la Corte IDH condenó a Perú por el caso de Celia Ramos Durand, quien murió en 1997 tras ser sometida a un procedimiento de esterilización. En su sentencia, el tribunal abordó prácticas que incluyeron intervenciones realizadas bajo coacción y sin consentimiento válido. Durante la rueda de prensa, Maribel Meza, representante de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas Flor de Jano, pidió la anulación de la legislación que impide a las afectadas obtener justicia y reparación.
Las denunciantes relataron las condiciones en las que fueron trasladadas y operadas, asegurando que algunas mujeres murieron después de las intervenciones por falta de medicamentos y atención adecuada. Calderón afirmó que nunca le informaron que sería esterilizada, recordando que fueron llevadas en condiciones inhumanas al hospital de Cangallo.
“Cuando nos llevaron como animales en un camión, estábamos gritando, con dolor, vomitando, pidiendo auxilio. Pero en ese momento nadie aparecía”, denunció. Tiempo después, un médico le comunicó que le habían cortado las trompas de Falopio, lo que la llevó a lamentar la “maldad” del Gobierno peruano.
Ricardina Urbina, otra de las afectadas, relató en quechua los maltratos sufridos y afirmó que las mujeres intervenidas fueron tratadas como animales, denunciando que, a pesar del tiempo transcurrido, no han recibido reparación ni justicia por parte del Estado peruano.
