Rosanny Almonte, de 47 años, fue asesinada en su hogar en el sector El Paraíso, en Esperanza, provincia Valverde, al día siguiente de haber denunciado amenazas de su expareja a la Policía. La familia de Rosanny afirma que ella había sido víctima de violencia y que existía una orden de alejamiento que no fue suficiente para protegerla. Su hermano Roberto relató que, a pesar de haber alertado a las autoridades sobre la situación, la respuesta fue que llamaran al 9-1-1 si ocurría algo.
El asesinato de Rosanny es parte de un preocupante patrón, ya que se reportaron cuatro feminicidios en los primeros días de noviembre. La familia exige que se investigue la actuación de los agentes que atendieron la denuncia de Rosanny, mientras el Ministerio Público indaga sobre el caso y la validez de la orden de alejamiento. Este trágico suceso resalta las deficiencias en la respuesta del Estado ante las denuncias de violencia de género.
El proyecto de Ley Mirabal
El proyecto de Ley Mirabal, que forma parte de la reforma «Déjala Ir», busca abordar la protección de las mujeres amenazadas. Este proyecto, que actualmente está siendo estudiado en el Congreso, contiene 169 artículos y propone cambios significativos en la forma en que se manejan las denuncias de violencia. Una de las principales modificaciones es que cualquier institución que reciba una denuncia debe registrarla y evaluar el riesgo de inmediato.
Además, el proyecto establece que las señales de peligro, como amenazas de muerte o acceso a armas, deben ser tomadas en cuenta de manera objetiva. En casos de riesgo grave, se requiere que la denuncia se comunique simultáneamente a la fiscalía, la Policía y el Ministerio de la Mujer, con un plan de seguridad implementado en un plazo de 72 horas.
El proyecto también estipula que los fiscales tienen la responsabilidad de medir el riesgo y que cualquier funcionario que se niegue a recibir una denuncia o no ejecute una orden de protección puede enfrentar consecuencias legales. Esto busca asegurar que la protección de las mujeres no dependa de la voluntad individual de los funcionarios.
Una de las propuestas más importantes es que las instituciones revisen cada feminicidio para identificar si la víctima había solicitado ayuda y qué respuestas recibió. Esta revisión busca corregir fallas en el sistema de protección, asegurando que no se repitan errores en el futuro. La protección de las mujeres amenazadas debe ser un sistema efectivo que prevenga la violencia, no solo un mecanismo reactivo.
El caso de Rosanny Almonte evidencia la necesidad urgente de que el Estado actúe de manera proactiva ante las denuncias de violencia. Aunque ninguna ley puede devolver a Rosanny a su hija, la implementación del proyecto de Ley Mirabal podría cambiar el enfoque hacia la protección de las mujeres en situaciones de riesgo. Es fundamental que la denuncia se convierta en el inicio de un proceso de protección, no en un trámite final.
