El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional condenó a Miguelina Bello Segura a tres años de prisión por su participación en una red criminal dedicada al robo y venta de municiones de la Policía Nacional, en el marco de la Operación Pandora, iniciada en noviembre de 2024.
La sentencia impone la suspensión de la mitad de la pena, lo que significa que Bello Segura deberá cumplir un año y seis meses de prisión domiciliaria y seguir ciertas condiciones durante el período de suspensión. Entre estas condiciones se incluyen residir en un domicilio fijo y notificar cualquier cambio al Ministerio Público y al juez de Ejecución de la Pena.
Además, Bello Segura no podrá viajar al extranjero sin autorización judicial, deberá abstenerse de portar armas de fuego y del consumo de bebidas alcohólicas, y deberá presentarse mensualmente ante el juez o la autoridad designada.
La jueza Kenya Romero dictó la sentencia tras homologar un acuerdo en el que la procesada admitió la acusación del Ministerio Público y se declaró culpable, mostrando disposición para colaborar con la investigación.
La sentencia también incluye el decomiso de los accesorios incautados durante la operación. La lectura íntegra de la decisión se llevará a cabo el 5 de noviembre de 2026, a las 3:00 de la tarde.
En este caso, en septiembre, Marino Antonio Rodríguez Toribio fue condenado a cinco años de prisión en modalidad de arresto domiciliario, con la clausura definitiva de su empresa Tactical Accesories RH, S.R.L., y se le impuso una multa de 10 salarios mínimos del sector público.
El tribunal también ha dictado auto de apertura a juicio contra el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, y el capitán Nelson Valdez, junto a otros acusados, quienes enfrentan cargos de corrupción y desfalco al Estado.
Los acusados han visto variada su prisión preventiva por una garantía económica de 500 mil pesos, además de otras medidas como el impedimento de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público.
La red criminal es acusada de desfalcar al Estado dominicano con más de 92 millones de pesos mediante la sustracción y venta ilícita de municiones y pertrechos que estaban bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional.
