La muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, bajo custodia del Estado, ha generado una fuerte indignación y demandas de justicia en Venezuela. El Gobierno confirmó este jueves que el detenido falleció hace casi un año en un hospital, tras meses de denuncias sobre su paradero desconocido.

Organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, activistas y la Defensoría del Pueblo han expresado su lamento y exigido una investigación exhaustiva e independiente sobre el caso. Este suceso ha reavivado las críticas sobre las condiciones de reclusión de los presos políticos y la impunidad en el sistema judicial.

Demandas de investigación

La Defensoría del Pueblo instó a los organismos competentes a realizar una investigación que aclare los hechos y determine responsabilidades. En un comunicado publicado en Instagram, la institución destacó la necesidad de reformas profundas para erradicar abusos e impunidad en el país.

El Ministerio Público anunció la apertura de una investigación penal a cargo de la Fiscalía 80 Nacional y ordenó la exhumación del cadáver de Quero. Este procedimiento se llevará a cabo con prontitud, según lo indicado por la institución.

Detalles sobre la detención y muerte

Quero, de 51 años, había estado detenido desde enero de 2025. Según la ONG Foro Penal, su arresto se relaciona con su pasado militar, ya que supuestamente prestó servicio en 2023. Su madre, Carmen Navas, había denunciado su desaparición, pero fue solo este jueves que se confirmó su deceso.

El Ministerio del Servicio Penitenciario informó que Quero estaba recluido en la cárcel El Rodeo I y fue trasladado a un hospital el 15 de julio de 2025 por problemas de salud. Falleció casi diez días después debido a una insuficiencia respiratoria aguda.

Sin embargo, ONG y líderes políticos han cuestionado la versión oficial, señalando que el argumento sobre el desconocimiento de los vínculos familiares de Quero carece de sustento. La organización Justicia, Encuentro y Perdón afirmó que Carmen Navas realizó múltiples gestiones para obtener información sobre su hijo.

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, también denunció que la madre de Quero fue negada en varias ocasiones al intentar obtener información en El Rodeo I. Además, el coordinador de la ONG Provea, Marino Alvarado, pidió investigar a altos funcionarios relacionados con el caso.

El líder opositor Edmundo González Urrutia calificó lo sucedido como una desaparición forzada, mientras que el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela consideró que la muerte de Quero es un asesinato por parte de cuerpos represores. Desde 2014, Foro Penal ha registrado la muerte de 17 presos políticos en custodia del Estado.