El Movimiento Popular Dominicano (MPD) criticó este domingo al Gobierno por priorizar los intereses de Estados Unidos en decisiones clave de la economía nacional, especialmente tras la derogación del decreto que protegía a los productores de arroz. La organización comunista advirtió que esta acción deja al sector agrícola dominicano vulnerable ante la competencia desleal del arroz subsidiado estadounidense.

El decreto 693-24, firmado por el presidente Luis Abinader en 2024, imponía un arancel del 20% a las importaciones de arroz dentro del contingente establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC), y un 99% para las cantidades que excedieran ese límite. Además, permitía la entrada de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense sin aranceles, mientras que las importaciones fuera de esa cuota estaban sujetas a un gravamen del 99%.

Estados Unidos ha presionado al Gobierno dominicano para que cumpla con los acuerdos del DR-CAFTA, que garantizan la entrada libre de aranceles del arroz estadounidense al país. Esta situación ha generado preocupación entre los productores locales, quienes temen que la llegada de arroz subsidiado desde Estados Unidos amenace su viabilidad económica.

Los arroceros dominicanos han expresado su alarma, argumentando que el arroz estadounidense es financiado por su gobierno, lo que crea una competencia injusta. La organización MPD se sumó a estas críticas, señalando que la derogación del decreto perjudica a los agricultores locales.

En respuesta a las inquietudes de los productores, el presidente Abinader ha asegurado que el Gobierno no los dejará desamparados. Además, destacó que el país tiene la capacidad de regular la entrada de productos agrícolas mediante normativas fitosanitarias y zoosanitarias, a pesar de la eliminación del decreto.

La situación actual plantea un desafío significativo para el sector agrícola dominicano, que enfrenta la posibilidad de una competencia desleal en el mercado. La incertidumbre sobre el futuro de los productores de arroz se mantiene, mientras el Gobierno intenta equilibrar las exigencias internacionales con la protección de la producción local.