El proyecto del Monorriel de Santiago, aunque se presenta como un símbolo de modernidad, revela en su expediente costos crecientes, plazos desplazados y una débil comparación con alternativas más integrales y menos costosas. La discusión central no es si el monorriel es una buena tecnología, sino si fue la mejor solución para la ciudad o si se eligió por intereses empresariales previamente condicionados.

Los promotores del Monorriel destacan sus beneficios, como la reducción de tiempos de viaje y la mejora de la imagen de Santiago. Sin embargo, las grandes inversiones públicas deben ser evaluadas no solo por su impacto visual, sino también por su planificación, costos y sostenibilidad financiera.

Evaluación de alternativas

El estudio PIMUS 2019, realizado por la empresa española IDOM y financiado por el BID, proponía una red integrada para la ciudad, sugiriendo que la alternativa más razonable no era un sistema ferroviario sobredimensionado, sino autobuses de mayor capacidad. Este plan contemplaba una inversión estimada de US$471 millones, incluyendo flota y adecuaciones viales.

En contraste, el Monorriel concentra una inversión mucho mayor en un único corredor, con una capacidad declarada de 20,000 pasajeros por hora, que supera la demanda identificada en el estudio. La contratación del Monorriel se estructuró en paquetes separados, comenzando con la obra civil adjudicada en marzo de 2022 por RD$25,028 millones, equivalente a unos US$450 millones.

Sin embargo, modificaciones posteriores al proyecto, como ajustes de trazado y la construcción de un túnel, probablemente incrementarán el costo final, que aún no se ha hecho público. La fase tecnológica fue adjudicada a empresas francesas por un monto cercano a 500 millones de euros, lo que plantea preocupaciones sobre la competencia y la transparencia en el proceso.

Impacto de los retrasos

El contrato original establecía un plazo de ejecución de 18 meses, con la finalización prevista entre finales de 2023 e inicios de 2024. No obstante, las fechas han sido desplazadas, ahora estimándose que las pruebas operacionales no comenzarán antes de finales de 2026, debido a que varios elementos fundamentales del proyecto aún estaban abiertos tras la adjudicación.

Estos retrasos no solo afectan el cronograma, sino que también incrementan los costos financieros y operativos que el Estado asumirá. La falta de transparencia en la gestión del fideicomiso público FITRAM complica aún más la trazabilidad de la inversión, pues la división del proyecto en paquetes dificulta el seguimiento de los costos y modificaciones.

El caso del Monorriel de Santiago es parte de una tendencia más amplia de inversiones en transporte público, donde la falta de publicación rigurosa de estudios comparativos y costos actualizados plantea dudas sobre la efectividad de estas inversiones. La pregunta fundamental es si el monorriel es la mejor solución para Santiago, considerando el costo y las alternativas disponibles.

Una ciudad necesita sistemas de transporte que funcionen y se integren con las necesidades de sus habitantes, no solo infraestructuras visibles. El Monorriel, aunque moderno, refleja lo que sucede cuando la tecnología prevalece sobre una planificación adecuada y transparente.