El debate sobre el Monorriel de Santiago no se centra en su apariencia moderna, sino en si realmente representa la mejor solución para la ciudad. Un artículo reciente destacó sus beneficios, como la modernidad y la reducción de tiempos de viaje, pero también plantea interrogantes sobre cómo se tomó la decisión y qué alternativas se consideraron.

Las grandes inversiones públicas deben ser evaluadas no solo por su impacto visual, sino también por su planificación y sostenibilidad financiera. Aunque Santiago necesita un sistema de transporte público moderno, es crucial determinar si el monorriel fue elegido por su conveniencia para el interés público o si se adaptó a una tecnología y contratos preestablecidos.

Narrativa visible y la otra cara del proyecto

El Monorriel ha sido presentado como un símbolo de modernidad y progreso para la movilidad urbana en Santiago. Sin embargo, la evaluación de este tipo de proyectos debe incluir una comparación exhaustiva de alternativas que consideren la demanda real de movilidad, costos y sostenibilidad.

El estudio PIMUS 2019, realizado por IDOM y financiado por el BID, no solo proponía un monorriel, sino una red integrada que respondiera a las necesidades de transporte de la ciudad. Este estudio identificó que los corredores más cargados en hora pico requerían soluciones más adecuadas, como autobuses de mayor capacidad, en lugar de un sistema ferroviario sobredimensionado.

Costos y planificación del proyecto

La contratación del Monorriel se dividió en paquetes, comenzando con la obra civil adjudicada en marzo de 2022 por un monto de 25,028 millones de pesos. Sin embargo, modificaciones al proyecto han incrementado los costos, aunque no se han hecho públicos los montos actualizados.

El componente tecnológico fue adjudicado sin un nuevo proceso competitivo, lo que limita la capacidad del Estado para negociar mejores condiciones. Esto ha llevado a que el costo inicial de 450 millones de dólares se haya elevado a cifras cercanas a 1,200–1,300 millones de dólares.

El contrato original establecía un plazo de ejecución de 18 meses, pero los retrasos han sido significativos, con nuevas fechas de finalización que se han desplazado hacia 2026. Estos retrasos aumentan los costos financieros y operativos que el Estado deberá asumir.

El Monorriel de Santiago también refleja problemas institucionales en la gestión de proyectos públicos. La falta de transparencia en la publicación de costos y contratos dificulta la trazabilidad y el seguimiento del uso de recursos públicos. Sin información clara, el debate se convierte en una mezcla de propaganda y críticas sin fundamento.

Finalmente, Santiago necesitaba un sistema de transporte eficiente y no solo una infraestructura moderna. La planificación adecuada y la transparencia en la toma de decisiones son esenciales para asegurar que las inversiones realmente resuelvan los problemas de movilidad en la ciudad.