La Ley 140-15 será modificada para adaptarse a las nuevas realidades del notariado en el país, tras no cumplir con las expectativas de los legisladores ni de la sociedad desde su promulgación el 7 de agosto de 2015. La normativa ha generado más problemas que soluciones, lo que hace urgente su revisión para armonizar las relaciones entre los actores involucrados y evitar conflictos, como el que surge del artículo 66, que establece un régimen tarifario incumplido por la mayoría.
Se plantea la necesidad de modificar el artículo 8, que ha dado lugar a diversas interpretaciones, especialmente en lo relacionado con las elecciones internas, lo que ha llevado a que muchos notarios sean excluidos del derecho al voto bajo el argumento de no estar al día con sus afiliaciones. Esto contradice el artículo 17, que establece que el notario tiene un carácter vitalicio.
Además, se sugiere cambiar el artículo 10 para que la elección del Consejo Directivo se realice cada cuatro años en lugar de cada dos, lo que permitiría al Colegio ahorrar recursos que podrían ser utilizados en beneficio del gremio. También se propone incluir la elección de miembros de las filiales, como presidente, secretario general, tesorero y dos vocales.
El artículo 13 establece un impuesto de RD$100, pero solo alrededor del 30% de este monto llega al Colegio, mientras que el 70% restante va a la Procuraduría General de la República. Esta situación contradice el propósito de la ley, que es fortalecer las finanzas del Colegio de Notarios.
Asimismo, el artículo 13 plantea que la firma del notario debe ser «certificada» por un tercero, lo que cuestiona la fe pública y genera un costo adicional para los notarios. Se propone que esta función quede exclusivamente a cargo del Colegio de Notarios en la nueva ley.
Finalmente, el artículo 53 debe ser modificado para que el Colegio de Notarios asuma la responsabilidad de la conciliación de conflictos entre notarios y otros actores. Si no se resuelve en un plazo de 30 días, el caso se remitirá a la Suprema Corte de Justicia, evitando así que estos conflictos se utilicen como mecanismo de presión contra los notarios.
