Las modificaciones al nuevo Código Penal podrían ser aprobadas antes del cierre de la actual legislatura, según el diputado Wandy Batista, quien dirigirá los trabajos de la comisión bicameral que comenzarán la próxima semana. Esto se debe a que los cambios propuestos son puntuales y no implican reformas profundas al contenido de la normativa.
Batista indicó que las observaciones presentadas son específicas y no requieren amplios debates, ya que se centran en ajustes en la redacción de algunos artículos. Aseguró que no hay problemas de fondo en las modificaciones que se evaluarán, lo que permite la posibilidad de concluir el proceso antes de que finalice la legislatura.
En caso de que la comisión no logre finalizar su trabajo antes del cierre legislativo, el proceso podrá continuar en la siguiente legislatura, que inicia el 16 de agosto. Las modificaciones pendientes no representan cambios sustanciales en la legislación, lo que facilita su revisión.
Composición de la Comisión Bicameral
La comisión bicameral está integrada por Wandy Batista como presidente, junto a Mayobanex Martínez, Carmen Lidia Williams, Jorge Tavárez, Carolin Mercedes, Carlos de Pérez, Eugenio Cedeño, Sandro Sánchez, José Alberto Jiménez, Luis Báez, Luis Gómez, Miguel Arredondo, Rosendy Polanco, Sadoky Duarte y Rubén Peñaló. Por parte del Senado, participarán Mercedes Ortiz como vicepresidenta y Pedro Catrain, Santiago Zorilla, Omar Fernández, Cristóbal Venerado Castillo, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Franklin Romero, Aracelis Villanueva, Rafael Barón Duluc, Pedro Tineo, Aneudys Ortiz y Lía Díaz.
El nuevo Código Penal ha enfrentado cuestionamientos de diversos sectores, incluidos gremios profesionales y organizaciones civiles, que advierten que algunas disposiciones podrían entrar en conflicto con la Constitución de la República. Las principales observaciones se centran en la libertad de expresión, la responsabilidad penal en el ejercicio de la medicina y la acumulación de penas.
Los críticos sostienen que estas disposiciones requieren una revisión para asegurar su compatibilidad con los principios constitucionales establecidos, lo que añade un nivel de complejidad a las modificaciones propuestas.
