El presidente de la Central Nacional Movimiento Choferil del Transporte (Mochotran), Alfredo Pulinario Mariot (Tito), solicitó al Gobierno la ampliación de corredores, rutas alimentadoras y carriles exclusivos para autobuses, debido a la preocupación de que la Inspección Técnica Vehicular (ITV) afecte económicamente a miles de familias que dependen del transporte público. Pulinario advirtió que cientos de vehículos podrían quedar fuera de circulación por su deterioro, lo que dejaría a muchos choferes sin su principal fuente de ingresos.
El dirigente explicó que muchos de sus afiliados utilizan unidades con más de diez años de antigüedad y carecen de los recursos para reemplazarlas, lo que dificultaría el cumplimiento de las nuevas exigencias técnicas. Pidió al presidente Luis Abinader que destine el dos por ciento de los impuestos recaudados por los derivados del petróleo a un programa de renovación del parque vehicular, junto con la ampliación de corredores y rutas.
Pulinario Mariot enfatizó que no es suficiente exigir vehículos en óptimas condiciones si los transportistas no tienen facilidades para renovar sus unidades. Aseguró que la inspección debe ser una oportunidad para transformar el sector sin condenar a los trabajadores del volante a perder sus empleos y dejar desprotegidas a sus familias.
A pesar de que Mochotran y sus autobuses están preparados para la ITV, reconoció que muchos afiliados utilizan vehículos que superan los diez años y necesitan ser reemplazados. La Inspección Técnica Vehicular, conocida como «revista», fue anunciada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) como parte de la Ley 63-17, que establece la obligatoriedad de una revisión técnica anual para vehículos de motor.
Esta medida busca garantizar que los vehículos que circulan en el país cumplan con las condiciones mecánicas y de seguridad necesarias para la seguridad vial. En 2025, se prevé un proyecto para desarrollar el sistema con una inversión privada inicial de 88 millones de dólares, aunque el director general de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Risk, indicó que el proyecto estará listo para operar formalmente en 2030.
