La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) reveló que el 65% de las mipymes jóvenes en República Dominicana opera en la informalidad, según su investigación «Emprendiendo en la informalidad: una restricción estructural al desarrollo de las mipymes jóvenes en República Dominicana», basada en datos del Banco Central y del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

El estudio indica que el 32.7% de las mipymes del país son dirigidas por jóvenes de entre 18 y 39 años, y que estas empresas informales se concentran en los sectores de servicios, comercio y alimentación, los cuales presentan menores niveles de productividad. En contraste, las mipymes formales tienen una mayor participación en actividades industriales y financieras.

Esta disparidad se refleja en los ingresos: las mipymes jóvenes formales reportan ingresos anuales superiores a RD$5 millones, mientras que las informales apenas alcanzan RD$836 mil, lo que implica que las formales generan aproximadamente cinco veces más ingresos que las informales.

Los hallazgos del estudio subrayan que la informalidad empresarial juvenil enfrenta desafíos que van más allá del simple registro de una empresa. Las brechas en productividad, ingresos y acceso al financiamiento resaltan la necesidad de políticas públicas que fomenten la transición hacia la formalidad, en lugar de solo exigir su cumplimiento.

El informe concluye que las políticas tradicionales de formalización son insuficientes si no abordan los factores regulatorios, tributarios y educativos que perpetúan la informalidad. Se requiere una combinación de menores costos de entrada, beneficios tangibles de permanencia y asistencia técnica para facilitar esta transición.

El presidente de ANJE, Boris De León Reyes, enfatizó la necesidad de un cambio en la estrategia para abordar este problema, señalando que los jóvenes desean emprender de manera formal, pero enfrentan barreras como la carga regulatoria y la rigidez fiscal. Aunque se valoran los avances de la Ley núm. 30-26, se necesita un enfoque más específico para apoyar a las mipymes jóvenes.

Como solución, ANJE propone la creación de la Certificación Mipyme Joven, un instrumento de política pública que facilite la transición hacia la formalidad. Esta iniciativa incluiría incentivos en contratación pública y formación, así como cambios legislativos en una segunda fase para ofrecer un tratamiento diferenciado en aspectos tributarios y laborales.

La propuesta se basa en experiencias de países como Brasil y Uruguay, y está alineada con varias leyes locales que fomentan el desarrollo de mipymes y el crecimiento económico del país, con la meta de duplicar el PIB real para el año 2036.