El Ministerio Público solicitó este jueves un año de prisión preventiva contra diez personas arrestadas durante la Operación XL526, que desmanteló una presunta red criminal dedicada a estafar, extorsionar y chantajear a ciudadanos en Estados Unidos desde la República Dominicana.

La solicitud fue presentada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, que también pidieron que el caso sea declarado de tramitación compleja debido a la cantidad de imputados y víctimas, así como por los delitos relacionados con el crimen organizado y el lavado de activos.

Detalles de la red criminal

Entre los presuntos cabecillas de la estructura se encuentran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte. También figuran en la solicitud Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.

La instancia fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a las fiscales Quirsa Abreu Peña, Joanna García Rivas y Lía Collado.

Operación y modus operandi

Según el expediente, la organización operaba principalmente desde el municipio de Jacagua, en Santiago, utilizando herramientas tecnológicas para captar víctimas a través de anuncios publicitarios, sometiéndolas posteriormente a extorsión y chantaje.

Las investigaciones revelan que los miembros de la red se hacían pasar por integrantes de grupos criminales internacionales, incluyendo el Cartel de Sinaloa, para intimidar a sus víctimas mediante amenazas y el envío de imágenes violentas con el fin de exigir pagos.

Hasta el momento, las autoridades han identificado al menos 18 víctimas y sostienen que los fondos obtenidos de manera ilícita eran canalizados a través de criptomonedas, transferencias electrónicas y otros mecanismos para ocultar el origen de los recursos.

La Operación XL526 incluyó 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata, realizados por 35 fiscales y apoyados por diversas agencias nacionales e internacionales en la lucha contra el crimen organizado.

El Ministerio Público atribuye a los imputados violaciones relacionadas con delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, distribución de sustancias controladas y uso ilegal de armas de fuego. La audiencia para conocer la medida de coerción será fijada por el tribunal en los próximos días.