El Ministerio Público solicitó la apertura a juicio contra 13 personas y cinco empresas acusadas de formar parte de una estructura criminal desmantelada en la Operación Discovery 3.0, dedicada a realizar estafas electrónicas en Estados Unidos y lavar los recursos obtenidos. La acusación fue presentada ante el Juzgado de la Instrucción de Santiago, donde se establece que la organización perjudicó a 141 víctimas con pérdidas estimadas en US$5 millones.

La investigación, que contó con la colaboración del FBI y la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional, reveló que la estructura operaba desde la zona norte de la República Dominicana. Utilizaba métodos como centros de llamadas clandestinos, ingeniería social, suplantación de identidad, intimidación, sextorsión y falsas representaciones para engañar a sus víctimas, en su mayoría personas mayores.

Una vez obtenidos los fondos, los integrantes de la organización trasladaban el dinero a República Dominicana mediante transferencias bancarias, remesadoras, criptomonedas y otros intermediarios, para luego introducirlo al sistema económico a través de empresas y bienes inmuebles, ocultando así su origen ilícito.

La investigación financiera identificó movimientos económicos que oscilan entre RD$12 millones y más de RD$120 millones, además de registros financieros superiores a RD$134.8 millones y acreditaciones bancarias que superaron los RD$20 millones en menos de un año. Estas operaciones no coincidían con las actividades económicas ni con las fuentes lícitas de ingresos de los acusados, evidenciando una capacidad financiera injustificable.

Wilson Manuel Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, afirmó que la acusación contiene los elementos necesarios para sustentar la imputación, señalando que incluye hechos, responsabilidades individuales y la ruta del dinero. “Esta acusación se basta por sí misma”, expresó.

Los imputados enfrentan violaciones al Código Penal, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Algunos también están acusados de infracciones a la Ley 631-16 sobre armas, mientras que las cinco sociedades comerciales enfrentan violaciones adicionales a disposiciones tributarias y monetarias.

En el proceso, el Ministerio Público recordó que Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello García y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, considerados líderes de la estructura, fueron extraditados a Estados Unidos y enfrentan un juicio en un tribunal de Boston, Massachusetts.