El Ministerio Público afirmó este lunes que no hay razones jurídicas para retrasar el juicio contra los acusados de formar parte de una red criminal que supuestamente distribuyó sobornos por más de RD$108 millones para obtener contratos de servicios de seguridad privada en diversas instituciones públicas.
El fiscal litigante Ernesto Guzmán Alberto declaró a los medios que espera que la recusación presentada por el procesado Elías Caamaño Pérez contra el juez Deiby Timoteo Peguero sea rechazada por la Corte de Apelación, permitiendo así la continuación del proceso.
Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), solicitó la recusación tras la decisión del magistrado de separarlo del expediente principal en octubre pasado.
En julio, el Ministerio Público presentó acusaciones y solicitó la apertura a juicio contra 14 personas físicas y jurídicas implicadas en la red de sobornos. Entre los acusados se encuentran Quilvio Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase, S.R.L.), y otros exfuncionarios de seguridad de instituciones como Edenorte Dominicana y Edesur.
Los acusados también incluyen a Andrés Pacheco Varela, Wellington Peralta Santos, y Luis Ernesto Vicioso Bocio, así como a empresas vinculadas a ellos, como Magestym Waste & Recycling Company, S.A. y Magesty Recycling, S.R.L..
El expediente revela que los sobornos totalizan RD$108,080,359.92, que habrían sido exigidos y recibidos por funcionarios de distintas instituciones públicas a cambio de favorecer a contratistas de servicios de seguridad privada.
La investigación, liderada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se inició tras una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que alertó sobre la existencia de esta red de corrupción.
Las pesquisas indicaron que la empresa Senase habría realizado pagos de sobornos a funcionarios entre los años 2012-2020 y 2020-2025, utilizando diversas modalidades, como transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, para asegurar la continuidad de sus contratos.

