El Ministerio de Trabajo intervino 24 tiendas de propiedad de inversionistas chinos por violaciones a la legislación laboral y de seguridad e higiene, tras realizar inspecciones en 101 comercios en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís e Higüey. El ministro Eddy Olivares Ortega anunció que se levantaron 1,016 actas de inspección durante un operativo de ocho días.
Las inspecciones resultaron en la emisión de 974 actas de apercibimiento y 42 actas de infracción. Entre los hallazgos, se encontró que 91 comercios desvinculaban a sus empleados antes de cumplir tres meses de servicio, lo que impedía la acumulación de derechos laborales como vacaciones y auxilio de cesantía.
Además, 53 establecimientos no otorgaban el descanso semanal obligatorio y 37 no pagaban las horas extraordinarias laboradas. El informe oficial también reveló que 52 empresas incumplían con el pago de la bonificación correspondiente a su personal y 33 violaban la proporción legal entre trabajadores nacionales y extranjeros, según lo estipulado en el Código de Trabajo.
Condiciones de seguridad
En cuanto a las condiciones de seguridad e higiene industrial, el Ministerio determinó que 53 establecimientos vulneraban la normativa vigente. La suspensión temporal de operaciones en 24 de estos locales se llevó a cabo bajo la Resolución 04/2007, debido a la identificación de condiciones de peligro inminente para la integridad del personal.
El operativo abarcó 54 comercios en los sectores Duarte, Villa Consuelo, Villa Francisca y Mejoramiento Social del Distrito Nacional, donde se levantaron 546 actas y se ordenaron 13 paralizaciones. En la provincia Santo Domingo, se inspeccionaron 34 empresas en los municipios Este, Oeste y Norte, resultando en 302 actas y tres suspensiones.
Asimismo, en San Pedro de Macorís e Higüey se fiscalizaron 13 locales, con un saldo de 168 actas y ocho cierres temporales. Las autoridades anunciaron que continuarán el seguimiento a los comercios intervenidos para verificar la corrección de las faltas y recordaron que la legislación laboral se aplica sin distinción del origen de los inversionistas.
