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Ministerio de Medio Ambiente interviene río Nizao por extracción ilegal

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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha declarado de urgencia ambiental la intervención integral del río Nizao para frenar el deterioro causado por la extracción ilegal de materiales de construcción. Esta medida busca abordar la grave depredación que afecta a numerosos ríos del país debido a la explotación indiscriminada de recursos naturales.

La intervención abarcará desde el contraembalse de Las Barias hasta la desembocadura del río en el mar Caribe, un área que ha sufrido un notable deterioro a lo largo de los años. La situación ha sido crítica, con decenas de camiones extrayendo arena y gravilla del cauce del Nizao, lo que también ha impactado a otros ríos como el Nigua, en San Cristóbal, donde se han reportado daños al manto freático.

A pesar de que la medida ha sido considerada necesaria, los sectores ambientales advierten que llega tarde, tras décadas de explotación descontrolada. Las autoridades han reiterado que la extracción de materiales desde cauces fluviales está prohibida y que existen alternativas autorizadas mediante “minas secas” para mitigar el impacto ambiental.

Sin embargo, la depredación continúa en diversas regiones del país, especialmente en el Sur, el Cibao, el Nordeste y la Línea Noroeste. Ríos como el Fula, Arroyo Frío, Guaigüí, Veragua y Yubazo muestran signos de deterioro severo, lo que plantea un riesgo para el ecosistema y la sostenibilidad hídrica.

En 2025, el Ministerio de Medio Ambiente también intervino el río Haina por extracción ilegal de materiales que habían dañado su cauce y aumentado el riesgo de inundaciones en comunidades vulnerables. La intervención del río Nizao se presenta como una oportunidad para establecer una estrategia nacional más efectiva contra la explotación ilegal de agregados.

Organizaciones ambientales consideran que esta problemática representa una amenaza directa para la seguridad de miles de familias. Por ello, insisten en que las acciones de recuperación deben ir acompañadas de vigilancia constante, sanciones efectivas y políticas públicas que protejan los recursos naturales antes de que el deterioro alcance niveles irreversibles.

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