El Ministerio de Interior y Policía (MIP), encabezado por Faride Raful, presentó la “Intervención Integral por la Seguridad Ciudadana”, un programa en seis fases que comenzará en Villas Agrícolas con el objetivo de abordar la violencia en el país. Sin embargo, el anuncio ha sido criticado por ser similar a planes anteriores que no lograron resolver la problemática de la inseguridad. La iniciativa ha generado escepticismo debido a la falta de una planificación efectiva en el gobierno actual.

El comunicado del MIP utiliza un lenguaje técnico que oculta la realidad de la violencia en las calles. A pesar de la promesa de generar oportunidades para la juventud, la situación en los barrios es alarmante, con un aumento en los asesinatos de jóvenes bajo el pretexto de “intercambios de disparos”. Esta situación refleja una falta de voluntad real para abordar la delincuencia, y más bien parece un intento de mejorar las estadísticas.

El MIP asegura que realizará “diagnósticos territoriales junto con las comunidades”, pero muchos cuestionan si realmente se necesita otra fase de diagnóstico para entender la inseguridad en Villas Agrícolas y otros sectores del Gran Santo Domingo. Desde hace décadas, el diagnóstico es claro: la falta de empleo y oportunidades para los jóvenes es un factor clave que alimenta la delincuencia.

El plan también menciona la “prevención”, pero ignora el estado de las cárceles, que son consideradas el mayor motor de reciclaje criminal en el país. Las cárceles dominicanas enfrentan problemas de hacinamiento y violencia, lo que impide que sean centros de rehabilitación para quienes delinquen. Esto plantea dudas sobre la capacidad del MIP para llevar a cabo una intervención efectiva en los barrios si no puede controlar adecuadamente el sistema penitenciario.

La presentación de la “Intervención Integral por la Seguridad Ciudadana” ha sido vista como una simple estrategia de relaciones públicas, sin un compromiso real para abordar los problemas estructurales de la seguridad. La crítica se centra en que no se puede construir seguridad ciudadana sobre un entorno donde la violencia es constante y el sistema penitenciario es ineficaz.

La ministra Raful ha sido advertida de que la seguridad no se logra con anuncios y planes escritos, sino con la creación de empleos, una policía que respete los derechos humanos y cárceles que realmente rehabiliten a los internos. Sin estas medidas, el nuevo plan se considera una ilusión óptica que no resolverá la crisis de seguridad en el país.