En La Paz, miles de mineros asociados en cooperativas marcharon este jueves para exigir al Gobierno de Bolivia atención a sus demandas, incluyendo la provisión de combustible y explosivos. La manifestación, que comenzó en la ciudad de El Alto, culminó en enfrentamientos con agentes antidisturbios cerca de la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo.

Durante la protesta, los mineros hicieron explotar cargas de dinamita y activaron petardos, lo que interrumpió la circulación vehicular y provocó el cierre de comercios en el centro de La Paz. Algunos manifestantes respondieron con agresiones a transeúntes que cuestionaban la marcha.

Demandas de los mineros

Ladislao Prado, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin), afirmó que se movilizaron por «demandas justas y necesarias» y el respeto a la «institucionalidad» de su organización. Destacó que sus exigencias son diferentes a las de la Central Obrera Boliviana (COB), que reclama un aumento salarial del 20 % y la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La movilización de los mineros cooperativistas, en su mayoría dedicados a la explotación de oro, se intensificó al llegar a una calle con una barrera policial. Los manifestantes intentaron retirar el cerco con fuerza, lo que llevó a enfrentamientos con la Policía, que respondió con gases lacrimógenos.

Los choques entre mineros y agentes duraron más de dos horas y resultaron en al menos dos arrestos. Esto ocurrió a pesar de que dirigentes del sector habían ingresado previamente a la sede de Gobierno para dialogar con autoridades.

La protesta de los mineros coincidió con otra manifestación masiva de maestros rurales que bloquearon una avenida para exigir un aumento salarial y rechazar la «descentralización de la educación». Además, un grupo afín al expresidente Evo Morales avanza en una marcha desde el altiplano pidiendo la renuncia de Paz.

El Gobierno reportó que dos personas fallecieron el miércoles debido a la falta de atención médica oportuna por los bloqueos de carreteras y exigió el «levantamiento inmediato» de estas acciones que afectan el derecho a la vida y la libre circulación.