Justicia territorial como principio minero ha sido un tema recurrente en la República Dominicana desde hace décadas.

En 1946, Elliot Roosevelt expresó una idea que resuena con fuerza en países ricos en recursos naturales: «Extraer materias primas de un país sin devolverle industrias, educación, saneamiento y elevación del estándar de vida es una política atrasada del siglo XVIII.» Esta advertencia sigue siendo relevante en el contexto actual del país.

El debate sobre la minería, especialmente en San Juan de la Maguana, se ha simplificado a una falsa dicotomía: mina sí o mina no. Sin embargo, la cuestión fundamental es cómo garantizar que la explotación de los recursos naturales se traduzca en un desarrollo real para las comunidades que enfrentan los costos sociales, territoriales y ambientales de dicha actividad.

La discusión debería centrarse en el impacto positivo que puede tener la minería en el bienestar de las poblaciones locales.

República Dominicana opera bajo una Ley Minera de 1971, una normativa que refleja una lógica económica y una visión centralista de la riqueza nacional que ya no se ajusta a las necesidades actuales.

A más de cincuenta años de su promulgación, el país aún no ha implementado una reforma estructural que adapte esta legislación a los estándares contemporáneos de transparencia y equidad territorial.

Esto representa una forma de colonialismo minero moderno, donde los beneficios fiscales se concentran en el presupuesto nacional, dejando a las comunidades con los costos.

Las comunidades afectadas por la minería enfrentan tensiones sociales, riesgos ambientales y cambios irreversibles en su territorio.

Mientras el Estado centraliza la renta, las poblaciones locales se quedan con una parte mínima de los beneficios.

El extractivismo, aunque evolucione en términos de tecnología o discurso, sigue perpetuando la lógica denunciada por Roosevelt: extraer riqueza y dejar dependencia.

Resistencia social y justicia distributiva

La resistencia social que se observa en las zonas mineras no debe ser vista únicamente como una oposición ambiental.

Es un reclamo legítimo de justicia distributiva, donde la población cuestiona qué beneficios quedan en sus territorios.

No es suficiente hablar de empleos temporales o de ingresos fiscales abstractos; los recursos no renovables deben transformarse en activos permanentes que impulsen el desarrollo local.

El actual debate confirma que cuando una empresa minera ofrece porcentajes adicionales de beneficios a la provincia donde opera, está reconociendo la insuficiencia del marco legal vigente.

Si este marco es inadecuado, el Estado tiene la responsabilidad de corregirlo. La reforma de la Ley Minera debe incorporar principios que aseguren que las provincias reciban una participación significativa y vinculante de la renta minera.

Además, es crucial que cada peso generado por la actividad minera sea rastreable públicamente. La implementación de tecnologías como blockchain y sistemas de auditoría en tiempo real puede garantizar la transparencia de los fondos mineros desde su origen hasta su destino final.

Estos recursos deben orientarse legalmente hacia inversiones productivas que beneficien a las comunidades, como infraestructura energética y formación técnica.

Si un territorio entrega parte de su riqueza natural, es fundamental que esta regrese transformada en capacidad de futuro.

Este cambio de paradigma es esencial para la República Dominicana. La discusión sobre la minería no debería dividirnos entre quienes desean explotar y quienes buscan prohibir, sino enfocarse en cómo convertir nuestros recursos naturales en riqueza sostenible y justa.

El país tiene la oportunidad de construir un futuro donde la minería contribuya al desarrollo equitativo y transparente.

La clave está en establecer un modelo que beneficie a todos y no solo a unos pocos.

La pregunta que debemos hacernos es cómo podemos lograr que nuestros recursos naturales se conviertan en un motor de desarrollo para todos los dominicanos.