En las últimas semanas, se ha reafirmado la necesidad de fortalecer la institucionalidad y la rectoría del Estado en la República Dominicana, especialmente en el sector de la minería. Se considera que el desarrollo sostenible depende de reglas claras y de una supervisión pública rigurosa, por lo que es crucial atender las inquietudes sobre la minería, en particular las relacionadas con el cuidado del agua y la protección del entorno. Estas preocupaciones legítimas requieren controles estrictos y hechos verificables.

La confianza en el sector minero debe cimentarse en un marco legal sólido, ya que la legislación de 1971 no se ajusta a las necesidades actuales del país. La brecha entre esta ley antigua y las exigencias contemporáneas genera incertidumbre, lo que hace necesario actualizar las reglas del juego para que el Estado pueda ejercer una supervisión efectiva.

Propuestas para la minería responsable

La propuesta de actualización no busca beneficios para las empresas, sino responder a las inquietudes de la ciudadanía. Se plantea establecer mecanismos de verificación permanente y monitoreo, abordando el temor al impacto en la gestión del recurso hídrico con evidencia científica. La idea es sustituir la fiscalización tradicional por sistemas de monitoreo en tiempo real, donde los datos brinden tranquilidad tanto a las autoridades como a la población.

Además, se reconoce la inquietud histórica sobre la restauración de los territorios tras la actividad minera. Se propone que la garantía para la remediación ambiental sea una obligación técnica y financiera desde el inicio de las operaciones, asegurando que cada área sea devuelta bajo estándares de sostenibilidad.

El objetivo es abrir un espacio donde la ciencia y la rendición de cuentas sean el lenguaje común en la minería. Se reconoce que hay mucho por mejorar y que la minería responsable implica un proceso de aprendizaje y apertura constante.

Un llamado a la institucionalidad

Este es un llamado a elevar los estándares de supervisión nacional. Desde la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPERD) se busca una institucionalidad que elimine la discrecionalidad. La discusión fundamental que el país merece no es solo sobre la cantidad de minería, sino sobre las reglas, controles y legitimidad social necesarios para que esta actividad beneficie a todos los dominicanos.