La diputada por la provincia Elías Piña, Millys Johanna Martínez Morillo, solicitó este martes al presidente Luis Abinader una investigación exhaustiva sobre el abuso policial que sufrió durante las fiestas patronales de Comendador, donde fue esposada por agentes de la Policía Nacional.

Desde su curul en la Cámara de Diputados, Martínez denunció que fue víctima de humillación y atropello a su dignidad, pidiendo al mandatario que tome las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido y evitar la impunidad.

Demandas de responsabilidad

La legisladora instó al director general de la Policía Nacional y al Ministerio de Interior y Policía a determinar las responsabilidades y aplicar sanciones si se comprueba el abuso de autoridad. Martínez enfatizó que la Policía debe proteger y servir, no intimidar y maltratar.

“Ningún uniforme está por encima de la Constitución y ningún funcionario debe estar por encima de la ley”, afirmó la diputada durante su intervención.

Martínez subrayó que el caso no debe ser visto como un asunto personal, sino como una cuestión que afecta los derechos fundamentales de la ciudadanía y la responsabilidad de las instituciones de seguridad pública.

“Si una diputada es víctima de semejante abuso, ¿qué se puede esperar del agricultor, del motorista, de una madre humilde o cualquier ciudadano que no tiene una tribuna para denunciarlo?”, cuestionó.

Detalles del incidente

El incidente ocurrió el pasado domingo en una estación de combustibles en Comendador, durante una intervención policial en la que varios agentes intentaban detener a un joven. Según Martínez, ella intervino al considerar que el ciudadano estaba siendo maltratado y fue esposada por los agentes.

El hecho fue grabado y difundido en redes sociales, generando reacciones de legisladores y representantes de varios sectores. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, también cuestionó la actuación policial.

La Policía Nacional anunció que el inspector general, general Martín Tapia Sánchez, encabezaría las indagatorias para establecer las circunstancias del hecho y determinar si hubo excesos. La institución aclaró que la diputada no fue formalmente apresada y que, de comprobarse irregularidades, se actuaría conforme a las normas vigentes.

Martínez instó a Pacheco y a sus colegas a tratar el caso como una preocupación institucional, señalando que lo ocurrido plantea interrogantes sobre la protección de los derechos de los ciudadanos frente a abusos de autoridad. “Hoy fui yo, mañana puede ser cualquiera de ustedes”, concluyó.