El jurista Miguel Valerio defendió este lunes las disposiciones del nuevo Código Penal relacionadas con la difamación y la extorsión, argumentando que no constituyen una «ley mordaza», sino un medio para sancionar conductas que afectan derechos fundamentales y el orden jurídico. Valerio enfatizó la importancia del debate sobre la reforma penal, resaltando que toda conducta delictiva conlleva consecuencias jurídicas.

Durante una entrevista en el programa “El Nuevo Diario TV”, Valerio rechazó las críticas que consideran la normativa como una restricción a la libertad de expresión, explicando que las sanciones están dirigidas a quienes actúan de manera deliberada para difamar o extorsionar. «Lo que algunos llaman una ‘ley mordaza’ no lo es. Se trata de establecer responsabilidades para quien actúa de mala fe», afirmó.

El abogado destacó que en la República Dominicana hay personas que utilizan la difamación y la extorsión como herramientas para obtener beneficios o ejercer presión sobre otros. «Hay mucha gente que se dedica a extorsionar y a difamar para luego ofrecer soluciones a las crisis que ellos mismos generan», expresó.

Valerio aclaró que, desde su perspectiva, nadie debería ser encarcelado solo por expresar una opinión. Sin embargo, argumentó que el derecho penal debe intervenir cuando la difamación se convierte en una conducta reiterada y dolosa que afecta el honor de las personas. «El honor es un bien jurídico protegido por el derecho penal», indicó.

El jurista también mencionó que el reproche penal busca enviar un mensaje claro a la sociedad sobre la impunidad en la difamación. Consideró que una sanción penal efectiva podría ser más útil que imponer multas que, en muchos casos, no se ejecutan, ya que el objetivo del derecho penal es prevenir conductas que afectan los derechos de terceros.