Decenas de miles de migrantes africanos han dejado Sudáfrica en las últimas semanas, impulsados por el temor a la violencia xenófoba y las protestas antiinmigración que han afectado al país. Los organizadores de estas manifestaciones culpan a los migrantes indocumentados de los problemas económicos y de seguridad, lo que ha llevado a restricciones en el acceso a servicios básicos. Países como Nigeria, Zimbabue y Malaui han comenzado a repatriar a sus nacionales desde Sudáfrica.
Cerca de 60,000 zimbabuenses han regresado a su país, de los cuales más de 47,000 lo hicieron por sus propios medios y alrededor de 11,000 con apoyo gubernamental. Además, más de 800 nigerianos han sido repatriados, así como 560 ugandeses, más de 200 kenianos, aproximadamente 740 mozambiqueños y más de 650 ghaneses.
Las autoridades sudafricanas han procesado a más de 15,000 malauís para su deportación. Aunque la reciente ola de xenofobia no ha resultado en tantas muertes como en episodios anteriores, varios países han denunciado incidentes fatales. Nigeria ha reportado el presunto asesinato de tres de sus ciudadanos, mientras que Ghana ha informado sobre la muerte de un ghanés en Ciudad del Cabo durante las protestas del 30 de junio.
Uganda también confirmó un fallecimiento en un ataque, y Mozambique denunció la muerte de al menos cinco de sus nacionales en incidentes xenófobos, así como otros dos en un accidente de tráfico al regresar a su país. Ante esta situación, varios gobiernos africanos han condenado la violencia y han solicitado a la Unión Africana que intervenga.
El Gobierno de Ghana, en un comunicado, expresó su rechazo a la creciente ola de xenofobia y subrayó que la pérdida de vidas humanas es inaceptable. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria calificó de «inaceptable» el ataque sistemático contra sus ciudadanos en Sudáfrica y advirtió que se reservan el derecho de tomar medidas si la situación no mejora.
Además, países como Guinea-Bisáu y Nigeria han convocado a embajadores sudafricanos, mientras que Kenia, Malaui y Lesoto han emitido alertas de seguridad para sus ciudadanos en Sudáfrica. Las imágenes de migrantes acampando ante embajadas y consulados se han vuelto comunes, especialmente antes de las protestas del 30 de junio, que marcaron un ultimátum para los indocumentados.
Un ciudadano keniano en Sudáfrica, Ayub, expresó su preocupación por los insultos y la culpabilidad que enfrentan los extranjeros, lo que genera un ambiente de miedo. Monica Sibanda, quien regresó a Zimbabue tras más de quince años en Sudáfrica, también compartió su temor ante el acoso que enfrenta al salir de su trabajo.
A pesar de las condenas a la violencia, el Gobierno sudafricano defiende su derecho a controlar la inmigración irregular y ha rechazado las críticas de otros países africanos. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, afirmó que las preocupaciones sobre la violencia son legítimas, pero que el derecho a manifestarse no justifica actos de intimidación o vandalismo.
En respuesta a la situación, Ramaphosa ordenó el despliegue de unos 3,400 soldados desde el 28 de junio hasta el 31 de julio para apoyar a la Policía en el control de posibles disturbios.
