Miches se encuentra en una etapa crucial de desarrollo donde se pueden tomar decisiones sobre conservación y crecimiento para impulsar el turismo sostenible. La Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, promulgada en 2022, establece un marco para abordar estos desafíos, pero la coordinación entre instituciones gubernamentales sigue siendo un reto.
La ley exige que los planes municipales definan el uso del suelo y que los reguladores sectoriales participen en las zonas turísticas. Sin embargo, en Miches, la realidad muestra una discrepancia entre la normativa y la práctica, ya que el Plan de Ordenamiento Territorial Turístico establece límites de densidad y altura que ya han sido superados por proyectos existentes.
La falta de límites claros puede generar problemas como vías saturadas y presión sobre ecosistemas. Esto no solo afecta la seguridad vial y la respuesta a emergencias, sino que también impacta negativamente en el valor de la tierra, que puede encarecerse inicialmente pero perder atractivo con el tiempo debido a la congestión y el deterioro ambiental.
La experiencia de Verón-Punta Cana sugiere que es fundamental ampliar el diálogo con los actores involucrados para establecer reglas claras. En Miches, el Acuerdo Público-Privado para el Desarrollo Turístico, firmado en 2021, busca incorporar compromisos de planificación territorial, pero se requiere una mayor participación de los gobiernos locales y líderes comunitarios.
Es esencial coordinar esfuerzos entre el Ayuntamiento de Miches y diversas instituciones nacionales, como el Ministerio de Turismo y el de Medio Ambiente. Además, se necesita información confiable y participación comunitaria para evaluar y supervisar las construcciones autorizadas.
El sector turismo debe reconocer que en algunas áreas es mejor construir menos y conservar más. La coherencia en la aplicación de las reglas es vital para proteger el valor que se está creando en Miches, donde el futuro del destino depende de decisiones inteligentes sobre el uso y conservación del territorio.

