Las autoridades mexicanas interceptaron más de dos toneladas de cocaína en un operativo marítimo realizado a 190 kilómetros de la Décima Región Naval, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, en el Pacífico sur del país. Esta acción, llevada a cabo el domingo, representa una afectación económica estimada en alrededor de 4.3 millones de pesos, según informaron las autoridades.

El Gabinete de Seguridad mexicano detalló que la operación, encabezada por efectivos de la Marina, permitió detectar 68 bultos embalados en bolsas negras que contenían 2,155 paquetes de polvo blanco con características similares a la cocaína, con un peso ministerial de 2,145 toneladas. Lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente, que integrará la carpeta de investigación correspondiente, aunque no hubo detenidos en este operativo.

Colaboración y estadísticas de incautación

La institución federal añadió que esta acción evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles. En el operativo también colaboraron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Armada de México.

Desde la llegada de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al poder en octubre de 2024, la Marina ha incautado 65 toneladas de cocaína en alta mar como parte de las acciones para debilitar las operaciones del crimen organizado, en medio de la presión de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Los narcotraficantes utilizan diversas vías, entre ellas el mar, para el tráfico de drogas en México y su potencial traslado hacia Estados Unidos. La Fiscalía General de la República (FGR) de México anunció que iniciará una investigación para determinar si existen datos de prueba que sustenten la acusación del Departamento de Justicia de EE. UU. hacia el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por nexos con el narcotráfico y posesión de armas.

Ulises Lara López, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, aseguró que la investigación buscará recopilar toda la información necesaria para conocer si las acusaciones hechas por las autoridades estadounidenses cuentan con fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión. Según la ley mexicana, la orden de aprehensión requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito.