La Secretaría de Hacienda de México anunció el bloqueo de las cuentas bancarias de 10 altos funcionarios del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusados de narcotráfico por Estados Unidos. Esta medida se tomó «con carácter estrictamente preventivo» tras recibir reportes de instituciones del sistema financiero mexicano. Las autoridades buscan proteger la integridad del sistema financiero nacional ante las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense.

Detalles del bloqueo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que las instituciones bancarias mexicanas emitieron alertas sobre estos funcionarios, considerados «personas políticamente expuestas». Se les acusa de colaborar con el Cartel de Sinaloa a cambio de sobornos y favores políticos. Además del gobernador, están implicados el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el senador oficialista Enrique Inzunza, entre otros.

La Secretaría de Hacienda aclaró que estas acciones no implican una determinación definitiva ni la acreditación de responsabilidad, sino que son medidas administrativas preventivas. Las autoridades están analizando información y documentación relacionada con los funcionarios señalados.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que el bloqueo es una medida «preventiva» y «automática» en respuesta a una orden de aprehensión emitida por Estados Unidos. Afirmó que no se está investigando al gobernador en este momento, y que los bancos mexicanos activan mecanismos automáticos de la UIF debido a su relación con instituciones financieras estadounidenses.

De los 10 funcionarios requeridos por Washington, dos ya se han entregado a las autoridades estadounidenses: Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exfuncionario de Finanzas del estado. El Ejecutivo mexicano considera que la solicitud de detención urgente por parte de Estados Unidos no se ajusta a un procedimiento ordinario de extradición.

Según la acusación, los funcionarios implicados habrían protegido operaciones del Cartel de Sinaloa, específicamente de la facción de Los Chapitos, facilitando información sensible y permitiendo el transporte de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios.