La Mesa de Diálogo por el Autismo denunció que este 5 de junio se cumplen tres años de la promulgación de la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), sin que el Estado dominicano haya ejecutado aspectos esenciales de la normativa. La organización, coordinada por el periodista Fernando Quiroz, destacó que la ley fue promulgada por el presidente Luis Abinader, pero su reglamento de aplicación fue emitido con retraso varios meses después mediante el decreto 403-24, del 24 de julio de 2024.

Entre los principales incumplimientos se encuentran la falta de una asignación presupuestaria específica, la ausencia de un registro nacional actualizado de personas con autismo, la inexistencia de programas permanentes de formación de profesionales y los obstáculos que enfrentan muchas familias para acceder a educación inclusiva. La Mesa recordó que en julio de 2025, Abinader prometió buscar recursos dentro del Presupuesto General del Estado para iniciar la ejecución de la ley en 2026, pero las familias aún esperan conocer las partidas y programas concretos.

La organización también señaló que los costos de evaluaciones diagnósticas, terapias especializadas y servicios de apoyo son inalcanzables para gran parte de la población, convirtiendo su acceso en un privilegio. La única excepción ha sido el programa SeNaSa InTEgrA, que cubre solo a 3,000 niños hasta los 10 años, aunque esta iniciativa no sustituye las obligaciones establecidas por la Ley 34-23.

La Mesa de Diálogo por el Autismo enfatizó que, a pesar de contar con una ley y un reglamento, miles de familias siguen enfrentando costos y barreras que la legislación busca eliminar. La ley asigna responsabilidades a diversas instituciones, incluyendo el Conadis, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, entre otros.

Además, la normativa contempla mecanismos de protección social, ampliación de coberturas de salud, formación de recursos humanos especializados y sanciones por discriminación. La organización expresó que detrás de cada artículo sin aplicación hay una familia que espera respuestas, y que muchos niños enfrentan dificultades para acceder a la educación.

La entidad consideró que el presidente Abinader y las instituciones responsables deben explicar por qué esta legislación de alto impacto social no ha alcanzado niveles significativos de ejecución. También expresó su esperanza de que la primera dama Raquel Arbaje, como presidenta del Gabinete de Niños, Niñas y Adolescentes, se interese en el seguimiento de la Ley 34-23.

La Mesa insistió en que, sin presupuesto, sin registro nacional de familias y sin formación especializada, miles de familias viven en la desesperación. Una de las preocupaciones es la ralentización en la expansión de nuevas sedes del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), que enfrenta una demanda superior a su capacidad.

Asimismo, advirtió que el país no está formando la cantidad necesaria de profesionales especializados para atender a una población en crecimiento, citando que solo hay 19 psiquiatras infantiles disponibles. La organización reiteró que la inclusión y la protección social de las personas con autismo requieren la aplicación efectiva de la ley existente.