El abogado Merido Torres, exdirector de la Unidad Técnica de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), se pronunció este miércoles a través de una carta pública, aclarando su rol en el caso conocido como Calamar.

En su declaración, Torres enfatizó que su vinculación al expediente se limitó al ejercicio de su profesión como abogado, sin involucrarse en los hechos que están siendo investigados.

En el documento, Torres explicó que fue objeto de investigación tras ser mencionado en el proceso, pero que las conclusiones de dicha indagatoria determinaron que actuó únicamente como representante legal de una familia en un litigio contra el Estado.

Según sus afirmaciones, el resultado de este proceso fue favorable, lo que le permitió recibir los honorarios correspondientes por sus servicios.

El caso Calamar, que investiga presuntos actos de corrupción administrativa, incluye referencias a pagos por terrenos, uno de los cuales se asocia a Torres como “supuesto propietario”, con un monto superior a RD$32 millones, según documentos presentados por el Ministerio Público en marzo de 2023.

Este aspecto ha generado controversia y ha llevado a Torres a aclarar su posición en el proceso.

Clarificación de su rol y defensa de su gestión

Torres subrayó que su condición dentro del proceso es la de testigo y no de imputado, reiterando que no ha sido citado por las autoridades ni figura como acusado en la solicitud de medida de coerción presentada en su contra.

Esta aclaración busca despejar cualquier duda sobre su implicación en el caso y reafirmar su integridad profesional.

El exfuncionario también mencionó que solicitó una licencia en abril de 2023 de sus funciones en la Utect, con el propósito de someterse al escrutinio público e institucional tras las acusaciones que consideró infundadas.

Además, destacó que fue auditado por la Contraloría General de la República, cuyos resultados respaldaron su gestión al frente de la entidad.

Torres añadió que existen certificaciones emitidas por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y comunicaciones a la unidad antifraude que documentan estos procesos, reforzando su defensa.

En su carta, también anunció que hará públicas decisiones judiciales y documentos oficiales que, según él, confirman su desvinculación del expediente.

En declaraciones previas realizadas en 2023, Torres había manifestado que los pagos recibidos correspondían a honorarios profesionales derivados de una sentencia ganada en representación de terceros, negando cualquier participación en una estructura delictiva relacionada con el caso.

Mientras tanto, el expediente Calamar sigue bajo la revisión de las autoridades judiciales, con el Ministerio Público manteniendo la acusación contra los imputados en el proceso.