En la República Dominicana, el control de armas se ha convertido en una ilusión, mientras el Ministerio de Interior y Policía intenta dar una imagen de orden, la realidad es un mercado negro de armas que opera abiertamente, con la complicidad de quienes deberían combatirlo. La Ley 631-16, presentada como la solución al desorden armamentístico, ha demostrado ser ineficaz, ya que solo los ciudadanos temerosos de la ley la respetan.

A pesar de que el Tribunal Constitucional establece los 18 años como edad mínima para portar armas, la mayoría de los portadores ilegales son menores de edad. Estos jóvenes, armados por el crimen organizado, dejan un rastro de violencia que el Estado no ha podido detener.

Las penas por porte ilegal de armas oscilan entre 3 y 5 años, pero la realidad es que, al ser detenidos, muchos delincuentes regresan a las calles rápidamente gracias a sobornos en los destacamentos. Si el caso llega a los tribunales, las multas de cinco o diez mil pesos son insuficientes para disuadir la ilegalidad.

La complicidad de las autoridades

Es común ver a agentes policiales exhibiendo sus armas en bares y colmados, violando la ley que juraron defender. Esta conducta envía un mensaje erróneo a la sociedad, donde se prohíbe el porte de armas en lugares públicos, pero los propios agentes actúan como si estuvieran por encima de la normativa.

El sistema de licencias también favorece a una élite, ya que mientras el ciudadano común enfrenta obstáculos burocráticos, los «enyabaos» obtienen permisos especiales a través del «Formulario 25». Esto permite que políticos y otros privilegiados porten armas sin cumplir los requisitos que se exigen a la población general.

Las autoridades reconocen que las armas entran al país por diversas vías, incluyendo fronteras y aeropuertos. La falta de control ha convertido a la República Dominicana en un polvorín, donde la Ley 631-16 se ha vuelto una mera formalidad que solo respetan los que temen a la ley.

Propuestas para un cambio real

La situación actual exige medidas urgentes. Es necesario eliminar las prórrogas y «gracias» que benefician a la clientela política, así como realizar operativos sorpresa y allanamientos efectivos. Además, se debe destruir públicamente el armamento incautado para evitar que las armas regresen a las calles.

La República Dominicana no puede seguir siendo un mercado negro a cielo abierto. Si la Ley 631-16 no se aplica de manera efectiva, es mejor que se reconozca que la única ley que impera es la del más armado.