El Ministerio de Medio Ambiente ha declarado de urgencia ambiental e hidrológica la intervención del río Nizao, con el objetivo de recuperar un tramo de la cuenca que ha sido afectado durante décadas por alteraciones en su cauce y la extracción indiscriminada de materiales. Esta medida se formalizó a través de la Resolución 0017-2026, que ordena una intervención integral desde el muro del contraembalse de Las Barías hasta la desembocadura del río en el mar Caribe.

La decisión se basa en estudios que han identificado un deterioro severo de las condiciones ambientales del río y un aumento en los riesgos para las comunidades e infraestructuras cercanas. Según el Ministerio, evaluaciones técnicas realizadas por el Viceministerio de Suelos y Aguas, junto con informes del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), han revelado problemas como sedimentación, desvíos del cauce y pérdida de capacidad hidráulica.

Las autoridades han señalado que estas condiciones han incrementado el riesgo de inundaciones, especialmente en las comunidades ubicadas en las cuencas media y baja del río Nizao. El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, indicó que la intervención busca abordar una situación acumulada a lo largo de los años, enfatizando la importancia de proteger vidas humanas y restaurar un ecosistema que ha sido impactado por prácticas ilegales.

Medidas de intervención

La resolución incluye trabajos de readecuación del cauce, restauración y remediación ambiental, con el fin de recuperar la estabilidad geomorfológica del río y fortalecer su capacidad frente a fenómenos climáticos extremos. Entre las acciones propuestas se encuentran programas de revegetación y restauración de franjas ribereñas, que estarán bajo supervisión técnica permanente del Ministerio.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para la recuperación de cuencas hidrográficas y la reducción de riesgos ambientales, basada en experiencias previas en el país. Como ejemplo, el Ministerio mencionó los trabajos realizados en la cuenca del río Haina, donde intervenciones similares lograron mejorar las condiciones ambientales y disminuir los riesgos de inundación.

La resolución también aclara que las labores de readecuación no constituyen operaciones de explotación minera comercial, y cualquier extracción de materiales estará limitada a criterios técnicos relacionados con la restauración hidráulica. Además, se ratifica la prohibición de operaciones mineras en franjas de inundación cercanas a cuerpos de agua.

Finalmente, se ordena la participación de organismos de vigilancia y actores territoriales en el seguimiento del proceso, involucrando entidades como el SENPA, la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren), gobiernos locales y comunidades afectadas.