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Medio Ambiente identifica bandas criminales en Dunas de Baní

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El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, anunció este miércoles que se está llevando a cabo una investigación sobre bandas criminales en las Dunas de Baní, en la provincia Peravia.

Estas bandas estarían detrás de invasiones en la zona, cerca del poblado de Las Calderas.

Henríquez también vinculó a estas estructuras delictivas con la quema intencional de una caseta de vigilancia que ocurrió el pasado fin de semana.

Esta situación ha generado preocupación entre las comunidades locales.

Organizaciones sociales han solicitado al Ministerio de Medio Ambiente que tome medidas urgentes ante las ocupaciones ilegales que se están produciendo rápidamente en las Dunas.

Estas denuncias han llevado a las autoridades a intensificar su vigilancia en el área.

Acciones de Vigilancia y Monitoreo

Desde octubre de 2024, el ministerio ha establecido un acuerdo de colaboración con la Armada de la República Dominicana para reforzar la vigilancia en el área protegida.

Este monitoreo ha logrado reducir «casi a cero» las extracciones ilegales de arena.

Durante el evento Climate Connect 2026, el ministro destacó que las inspecciones realizadas por técnicos del ministerio y miembros de la Armada han confirmado que las ocupaciones denunciadas están fuera de los límites protegidos.

Sin embargo, Henríquez admitió que se necesitan acciones adicionales para abordar terrenos estatales o parcelas no saneadas que están fuera de la zona de amortiguamiento.

Esto ha llevado a una colaboración con la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Interior y Policía.

Recuperación de Espacios y Diálogo

El ministro también se refirió a antiguas ocupaciones dentro de áreas protegidas, algunas de las cuales tienen entre 10 y 20 años.

Estas requerirán procesos de diálogo y negociación con las familias que han estado asentadas en esos terrenos.

Finalmente, Henríquez aseguró que la vigilancia conjunta entre la Armada y el Ministerio de Medio Ambiente continuará.

Otras instituciones del Estado también asumirán las medidas necesarias en las zonas no protegidas.

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