El ministro Paíno Henríquez informó que el proceso de evaluación de la explotación minera en el país se lleva a cabo de acuerdo con la Ley 64-00.
La aprobación de los Términos de Referencia (TDR) no debe interpretarse como un permiso para la explotación, sino como el inicio de estudios técnicos y ambientales que determinarán la viabilidad del proyecto.
La posición del Ministerio de Medio Ambiente genera expectativas sobre la decisión final que se tomará una vez que se concluyan los estudios de impacto ambiental.
Los resultados de estos estudios serán cruciales para definir si la iniciativa minera cumple con las condiciones necesarias para avanzar.
Proceso de Evaluación y Participación Ciudadana
Henríquez destacó que el Ministerio está a la espera de la entrega del estudio de impacto ambiental, el cual será elaborado por especialistas certificados.
Este documento será revisado por más de 25 técnicos y distintos comités internos de evaluación, asegurando un análisis exhaustivo.
El proceso de evaluación también incluirá consultas públicas y vistas participativas, permitiendo que ciudadanos, organizaciones y sectores académicos presenten observaciones sobre el proyecto.
Esta apertura busca fomentar la participación activa de la sociedad en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente.
El funcionario subrayó que se contempla la incorporación de asesoría de expertos internacionales y universidades, lo que reforzará la transparencia y el rigor técnico de la evaluación.
Esto responde a las inquietudes manifestadas por diversos sectores sociales y ambientales.
Henríquez aseguró que cualquier decisión se basará en evidencia científica y criterios técnicos verificables. Según la propuesta de la empresa, la explotación se realizaría de manera subterránea, a más de 150 metros de profundidad, sin el uso de cianuro ni mercurio, y sin la construcción de presa de cola.
No obstante, enfatizó que serán los estudios técnicos y ambientales los que determinarán la viabilidad del proyecto y su cumplimiento con las exigencias legales y ambientales del Estado dominicano. El Ministerio de Medio Ambiente reiteró que su función se limita a la evaluación ambiental dentro del marco legal vigente.
Finalmente, cualquier autorización para avanzar en la explotación dependerá de los resultados finales del proceso técnico y de las decisiones que adopten las instancias competentes.
Esto asegura que el proceso se maneje con la debida responsabilidad y atención a las normativas establecidas.
