El primer ministro de Canadá, Mark Carney, calificó este martes de «completamente escandalosa» la decisión de la multinacional automovilística Stellantis de vender su planta de montaje en Brampton a una empresa fabricante de vehículos militares. Carney advirtió que su Gobierno exigirá responsabilidades por el incumplimiento de compromisos con los trabajadores y el Estado.

Durante una rueda de prensa en Montreal, Carney acusó a Stellantis de desconocer sus obligaciones con los empleados de la fábrica y con las autoridades canadienses, a pesar de los recursos públicos comprometidos para modernizar sus instalaciones. «Stellantis no está respetando sus compromisos con los trabajadores de esta planta y también con el Gobierno canadiense y los canadienses», afirmó el mandatario.

El primer ministro describió la operación como «una traición a los trabajadores», considerando que representa un incumplimiento de las obligaciones asumidas con Canadá. «Haremos valer plenamente nuestros derechos para proteger a esos trabajadores y los fondos públicos canadienses», advirtió.

La controversia surgió tras el anuncio de Stellantis sobre un acuerdo para vender su fábrica de Brampton a Roshel, una empresa canadiense especializada en la fabricación de vehículos blindados para uso militar y de seguridad. La instalación permanece inactiva desde 2023, afectando a alrededor de 2.200 trabajadores, lo que ha convertido la transacción en un asunto de preocupación laboral y económica para la localidad.

El conflicto también está relacionado con los compromisos financieros asumidos por Stellantis con el Gobierno canadiense. En 2022, Ottawa destinó hasta 529 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos 375 millones de dólares estadounidenses, para modernizar las plantas de la compañía en Brampton y Windsor.

Carney sostuvo que la multinacional ha vulnerado varios acuerdos con el país, incluidos los relacionados con las ayudas públicas concedidas para sus operaciones industriales. Ante las críticas, Stellantis anunció que ofrecería devolver voluntariamente los fondos recibidos para la modernización de la planta de Brampton, aunque no especificó cuánto dinero estaría dispuesta a reintegrar.

La ministra canadiense de Industria, Mélanie Joly, anunció que el próximo jueves sostendrá una reunión en Toronto con representantes de Stellantis, del sindicato Unifor y del Gobierno de Ontario para abordar las consecuencias de la operación. Uno de los principales puntos de fricción es la situación de los empleados afectados, ya que Roshel rechazó asumir las obligaciones laborales que Stellantis mantiene con los trabajadores de la fábrica.

No obstante, la empresa compradora aseguró que dará prioridad a los residentes de Brampton cuando realice futuras contrataciones. La operación abre un nuevo conflicto entre el Gobierno canadiense y Stellantis sobre el cumplimiento de los compromisos industriales, el uso de recursos públicos y la protección del empleo.