El dirigente del sector transporte, Mario Díaz, solicitó al Gobierno tomar medidas contundentes ante la posible paralización de estaciones de combustibles, advirtiendo que esto podría afectar el abastecimiento nacional, la economía y a millones de consumidores. Díaz enfatizó que una negativa colectiva injustificada en la comercialización de combustibles obligaría al Gobierno a intervenir y custodiar las estaciones involucradas, considerándola un acto de rebeldía fiscal o sabotaje económico.

El dirigente argumentó que las empresas distribuidoras de combustibles obtienen significativos beneficios económicos a lo largo de la cadena de comercialización, por lo que no tendría justificación interrumpir el suministro en protesta por impuestos que son mínimos en comparación con sus ganancias. Además, reiteró que en algunas estaciones persisten irregularidades como la adulteración de combustibles y el descalibrado de bombas dispensadoras, lo que debe ser investigado y sancionado conforme a la ley.

Beneficios en la cadena de combustibles

Díaz explicó que el negocio de los combustibles genera ingresos en varias etapas de la cadena de valor. El margen de comercialización al detalle para gasolina y gasoil oscila entre RD$20 y RD$25 por galón, dependiendo del tipo de combustible, volumen vendido, ubicación de la estación y costos operativos.

Además, si el distribuidor cuenta con su propia flotilla de camiones cisterna, puede obtener un beneficio adicional de entre RD$4 y RD$6 por galón, dependiendo de la distancia y costos logísticos. También, las actividades de almacenamiento y manejo del producto pueden generar un margen adicional de RD$2 a RD$6 por galón, según la capacidad instalada y la rotación de inventarios.

En este contexto, Díaz estimó que un distribuidor que participe en las etapas de transporte, almacenamiento y venta al detalle podría alcanzar un beneficio bruto de entre RD$25 y RD$45 por galón, antes de impuestos y gastos financieros.

Finalmente, Mario Díaz instó al Ministerio de Industria y Comercio a fortalecer la supervisión y fiscalización del mercado de combustibles, asegurando el cumplimiento de las normas de calidad y transparencia, así como la continuidad del abastecimiento nacional para proteger a los consumidores y la estabilidad económica del país.