La principal manifestación en París, convocada este sábado por sindicatos y estudiantes, se inició en la Puerta de Bagnolet, en medio de estrictas medidas de seguridad y un recorrido limitado, debido a la oposición del Gobierno y la Prefectura de Policía. Esta movilización es la tercera consecutiva en Francia, motivada por el alto costo de vida y el deterioro de los servicios públicos.

El Consejo de Estado, la máxima autoridad administrativa de Francia, falló a favor de las restricciones impuestas, lo que generó críticas de los sindicatos estudiantiles. Manon Moret, secretaria general de la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (Unef), advirtió que si el Gobierno no responde a las demandas de los jóvenes, las movilizaciones continuarán.

Los sindicatos estudiantiles planean reorganizar los bloqueos a partir del martes, coincidiendo con el regreso a clases tras las vacaciones de Todos los Santos, y han convocado una huelga general para el 5 de noviembre. David Libeskin, abogado y portavoz del movimiento de los ‘chalecos amarillos’, también criticó las restricciones, considerándolas desproporcionadas.

Los ‘chalecos amarillos’ habían solicitado marchar desde la Bastilla hasta Concorde, pero la decisión del Consejo de Estado limitó el recorrido. A pesar de las restricciones, la mañana en París transcurrió con normalidad, aunque con una fuerte presencia policial y el cierre de numerosas estaciones de metro.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, justificó las medidas de seguridad por el «muy alto riesgo» de incidentes, recordando los disturbios del 17 de octubre, que resultaron en el saqueo de 3,000 comercios. Además, el Gobierno está alerta ante llamados en redes sociales de grupos radicales para provocar disturbios durante las manifestaciones.

Se han impuesto toques de queda en varias áreas de París, como la place de la República y Châtelet-Les Halles, donde ocurrieron saqueos en octubre. Los menores no acompañados de un adulto no podrán circular en ciertos barrios a partir de las 21 horas.

El operativo policial incluye 70,000 agentes en todo el país, con un despliegue de policías, gendarmes, unidades móviles, vehículos blindados, drones y helicópteros, para garantizar la seguridad durante las manifestaciones.