El desarrollo tecnológico ha cambiado la forma en que interactuamos y también ha alterado las modalidades de comisión de delitos, lo que ha llevado a la necesidad de nuevos mecanismos de investigación. En este contexto, los algoritmos informáticos se han vuelto herramientas clave para combatir la criminalidad en entornos digitales.
Mariano Sigman y Santiago Bilinkis, en su obra Artificial: la nueva inteligencia y el contorno de lo humano, establecen una analogía entre plataformas digitales y los siete pecados capitales, relacionando Netflix con la pereza y Amazon con la gula, entre otros. Esta comparación ayuda a entender cómo las grandes plataformas utilizan algoritmos para analizar preferencias y mantener la atención de los usuarios.
Un algoritmo es un conjunto ordenado de instrucciones diseñado para resolver un problema o ejecutar una tarea. En informática, permite procesar grandes volúmenes de información y obtener resultados que, de manera manual, podrían tardar semanas o meses.
Esta capacidad es particularmente valiosa para los organismos encargados de la persecución penal, especialmente en investigaciones de delitos cometidos a través de tecnologías de la información y la comunicación. Actualmente, los algoritmos permiten analizar direcciones IP, rastrear transacciones con criptomonedas y detectar vínculos entre integrantes de organizaciones criminales.
Una aplicación destacada de estos algoritmos es en la investigación de delitos relacionados con el abuso sexual infantil en línea. Herramientas como Child Protection System (CPS) e ICAC COPS utilizan mecanismos algorítmicos para identificar intercambios de material de abuso sexual infantil en redes peer-to-peer (P2P).
Estos sistemas pueden reconocer archivos conocidos mediante valores hash, que funcionan como huellas digitales informáticas. Además, proporcionan información técnica relevante, como direcciones IP y fechas, lo que ayuda en las diligencias investigativas, aunque se requiere corroborar la información para identificar a los involucrados.
Otra experiencia significativa es la del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC), que administra CyberTipline, una plataforma para reportar casos de explotación sexual infantil. Empresas como Meta y Google utilizan sistemas automatizados para detectar contenidos relacionados y remitir reportes al NCMEC.
A pesar de los avances, la utilización de algoritmos plantea desafíos jurídicos. Los resultados de herramientas automatizadas no son pruebas concluyentes de responsabilidad penal y deben ser corroborados mediante investigaciones que respeten la cadena de custodia y los derechos de defensa.
Finalmente, el futuro de la investigación de ciberdelitos dependerá de la combinación de algoritmos, inteligencia artificial y blockchain. Esta convergencia no debe reemplazar el razonamiento jurídico, sino potenciar las capacidades de los investigadores.

