El proyecto de la Ley Mirabal, que se encuentra en estudio por una comisión bicameral del Congreso, establece penas de prisión de cinco a 10 años para quienes incumplan con las obligaciones alimentarias de sus hijos, incluso si tienen capacidad de pago. Esta iniciativa busca sancionar el incumplimiento como una forma de violencia económica contra las mujeres, especialmente cuando se utiliza para someterlas.

La ley también contempla multas de 10 a 20 salarios mínimos para quienes condicionen el pago de la manutención con el fin de impedir que una mujer se separe de ellos o como castigo por haberlo hecho. Además, se considera violencia económica el acto de retener, apropiarse o desviar sin derecho los ingresos de una mujer.

Violencia patrimonial y económica

El proyecto sanciona acciones como impedir a las mujeres acceder a recursos que les corresponden mediante amenazas o intimidación, así como desviar beneficios de actividades económicas compartidas. También se penaliza a quienes obliguen a una mujer a entregar sus ingresos o a asumir deudas bajo coacción o engaño.

Asimismo, se incluye el uso no autorizado de cuentas bancarias, tarjetas o datos personales de una mujer para realizar transacciones o contraer deudas a su nombre, así como impedirle el acceso a su dinero. Estas acciones se consideran parte de la violencia económica que la ley busca erradicar.

La iniciativa también aborda la violencia patrimonial, que será castigada con penas de cinco a 10 años de prisión. Se sancionará el daño, destrucción o retención de bienes de una mujer, incluidos documentos personales y herramientas de trabajo o estudio.

El proyecto prevé sanciones para quienes impidan a una mujer utilizar o administrar sus bienes mediante amenazas. Además, se considerará un delito la transferencia o ocultamiento fraudulento de bienes comunes con la intención de perjudicar los derechos patrimoniales de la mujer.

Las infracciones se agravan si la víctima es una niña o adolescente, si está embarazada, si se causa daño corporal grave, si se utilizan armas para intimidarla o si los hechos ocurren en presencia de menores. En estos casos, las penas pueden llegar a ser de 10 a 20 años de prisión y multas de 20 a 30 salarios mínimos.

La propuesta, presentada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, busca ser aprobada con urgencia para evitar que se retrase su implementación en el Congreso Nacional.