Las modificaciones aprobadas por el Senado a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos establecen una nueva escala de contribuciones anuales que deberán pagar las empresas y entidades gubernamentales para financiar el sistema nacional de manejo de residuos. Esta iniciativa busca mitigar los efectos de la disposición inadecuada de los residuos y fortalecer la gestión integral de los desechos sólidos en el país.
Las entidades que reportan ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) deberán realizar un aporte obligatorio anual destinado a crear un fondo para estos fines. Según el proyecto, las empresas con ingresos de hasta RD$5 millones anuales deberán aportar RD$3,500, mientras que aquellas con ingresos entre RD$5 millones y RD$10 millones pagarán RD$6,000.
Las compañías que generen ingresos de entre RD$10 millones y RD$25 millones aportarán RD$20,000, mientras que las que registren ingresos de entre RD$25 millones y RD$50 millones deberán contribuir con RD$90,000. Además, las empresas con ingresos de entre RD$50 millones y RD$80 millones pagarán RD$120,000, y aquellas con ingresos de entre RD$80 millones y RD$100 millones deberán aportar RD$150,000.
La escala de contribuciones continúa con montos de RD$400,000 para empresas con ingresos de hasta RD$300 millones; RD$500,000 para las que facturen hasta RD$500 millones; RD$675,000 para las que generen hasta RD$700 millones; y RD$700,000 para las que reporten ingresos de hasta RD$1,000 millones.
Para las entidades con ingresos entre RD$1,000 millones y RD$2,000 millones, el aporte será de RD$1.7 millones, mientras que las empresas que superen los RD$2,000 millones anuales deberán contribuir con RD$3 millones. Estos montos serán ajustados cada año conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central.
Los recursos recaudados se administrarán a través del fideicomiso creado por la ley y estarán destinados al financiamiento de estaciones de transferencia, rellenos sanitarios, plantas de valorización de residuos, proyectos de gestión integral de residuos sólidos y apoyo económico a los ayuntamientos y distritos municipales para la prestación de estos servicios.
Además, la modificación mantiene la prohibición de importar sorbetes, vasos, tenedores, cuchillos, cucharas y otros productos elaborados con plástico o poliestireno expandido (foam) que no cuenten con certificación de biodegradabilidad. Esta medida entrará en vigor seis meses después de la promulgación de la ley, período durante el cual se promoverá el uso de materiales biodegradables, compostables o reutilizables.
