Legisladores dominicanos pidieron este jueves una transformación urgente del sistema penitenciario, alertando que el alto nivel de hacinamiento está llevando a los centros carcelarios al borde del colapso. Los parlamentarios enfatizaron la necesidad de implementar cambios estructurales en las condiciones de reclusión para garantizar la rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad.

Los legisladores argumentaron que el enfoque del sistema penitenciario debe ir más allá del castigo y centrarse en crear oportunidades para que los reclusos puedan reorientar sus vidas. El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Mayobanex Martínez, destacó la importancia de transformar las cárceles en espacios que fomenten la educación y la capacitación, permitiendo así la reintegración social de los internos.

Martínez también advirtió que las penas más severas del nuevo Código Penal podrían agravar el hacinamiento, señalando que el 65% de la población carcelaria se encuentra en prisión preventiva, lo que limita las oportunidades de educación y reinserción. Expresó su esperanza de que el traspaso de la Dirección General de Prisiones al Ministerio de Justicia ayude a mejorar el sistema penitenciario.

Por su parte, el diputado del partido Fuerza del Pueblo (FP), Tobías Crespo, denunció que el hacinamiento y el uso excesivo de la prisión preventiva están convirtiendo las cárceles en focos de delincuencia, en lugar de cumplir su función rehabilitadora. Crespo subrayó que la prisión debe ser una medida excepcional y no la norma.

El legislador también alertó sobre la generación de delitos desde las cárceles del viejo modelo penitenciario, incluyendo extorsiones y robos de cuentas, situaciones que son de conocimiento de las autoridades. En este contexto, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sadoky Duarte, coincidió en que el uso de la prisión preventiva contribuye a la sobrepoblación carcelaria.

Duarte insistió en que la prisión preventiva debe aplicarse solo cuando las demás medidas de coerción no sean suficientes, como la garantía económica o el arresto domiciliario. Además, enfatizó que los jueces deben evaluar cuidadosamente las pruebas antes de aceptar las solicitudes de prisión preventiva del Ministerio Público.

El diputado Rafael Castillo añadió que la lentitud del sistema judicial también agrava el hacinamiento, ya que muchos presos preventivos permanecen largos períodos sin juicio. Abogó por un mayor dinamismo en los tribunales para asegurar que los imputados sean juzgados de manera oportuna.

Los legisladores coincidieron en que el hacinamiento es uno de los principales desafíos del sistema penitenciario, dificultando la convivencia adecuada y limitando el desarrollo de programas de rehabilitación. Plantearon la necesidad de impulsar políticas públicas que mejoren la infraestructura carcelaria y fortalezcan los programas educativos y laborales dentro de los recintos.