Más de 8 millones de dominicanos han quedado sin acceso regular a los servicios públicos de salud esta semana, tras la decisión del Colegio Médico Dominicano (CMD) de suspenderlos, en respuesta al apresamiento de un médico y su ayudante en la ciudad de La Vega.

La suspensión ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de esta medida, ya que se plantea si es razonable interrumpir los servicios médicos a nivel nacional por la detención de un profesional de la salud. Además, se cuestiona si el CMD ha utilizado los recursos legales disponibles, como el habeas corpus, para defender al médico detenido.

La situación se complica con la intención de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP) de suspender los servicios de salud a los afiliados de la mayoría de las ARS, exigiendo un aumento del 25% en las tarifas y honorarios. Esto plantea interrogantes sobre el uso de las previsiones contractuales y el debido proceso en estas decisiones.

Ambas acciones, programadas para la misma semana, han sido criticadas por su impacto negativo en la población más vulnerable, lo que ha llevado a un aumento en las protestas contra estas medidas. La Fundación Seguridad Social para Todos (FSSPT) ha destacado que estas interrupciones son un abuso de poder que refleja la incapacidad del Estado para garantizar servicios esenciales a los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias.

La ineficiencia del Estado ha permitido que el CMD y ANDECLIP operen por encima de la Constitución y las leyes, revelando una debilidad en las instituciones encargadas de la educación, salud y pensiones. La FSSPT subraya que la demanda de salud no debe ser tratada como una mercancía y que cualquier concesión privada debe estar regulada por el interés social.

A pesar de las deficiencias históricas en la prestación de servicios de salud, el Estado ha permitido la participación privada en la administración médica. Sin embargo, esta concesión debe estar bajo la supervisión estatal y alineada con los objetivos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

La FSSPT también señala que la privatización y mercantilización de la salud pública han sido alimentadas por la ineficiencia del Estado, que ha fallado en garantizar un servicio adecuado a las familias más pobres. Para combatir estos abusos, es imperativo que se exija un Estado capaz de ofrecer servicios de salud de calidad y negociar tarifas justas para todos los dominicanos.

Finalmente, la Fundación hace un llamado a líderes y a la opinión pública para reafirmar que la salud no es una mercancía y que las concesiones privadas deben estar sujetas a regulaciones que protejan los derechos de la población y su dignidad.