La nueva normativa penal sustantiva establece que una de las formas de participar en una conducta delictual es a través de la inducción para que otra persona realice un acto delictivo. El artículo 3 del código penal (ley 74-25) señala que es autor quien comete el hecho u omisión punible, ya sea solo o en conjunto con otros, y añade que también es autor quien induzca directamente a otra persona a cometer la infracción.

Según el diccionario de la lengua española, la palabra «inducción» se refiere a mover a alguien a realizar algo. Esto incluye términos como incitar, instigar, animar o persuadir. Por lo tanto, un periodista o cualquier persona que, mediante su influencia, promueva que se asesine a delincuentes está considerado autor de dicha muerte, además de violar la ética que rige su profesión.

Una persona particular que incite a matar también puede ser perseguida por su conducta, lo que representa una violación al artículo 3 del código penal y al artículo 75 de la Constitución. Este último establece que los ciudadanos tienen derechos, pero también deberes, incluyendo el respeto al orden jurídico y a las leyes, lo que implica que instigar a matar debilita el Estado de Derecho y los valores democráticos.

La doctrina comparada en derecho penal distingue entre autor inmediato, que ejecuta la acción directamente, y autor mediato, que utiliza a otra persona como instrumento para cometer el delito. Según el artículo 3 del código penal, quien induzca a otro a cometer una infracción también es considerado autor del delito, lo que nuestra normativa penal prefiere denominar simplemente como autor.

Los periodistas que instigan al director de la Policía Nacional a matar supuestos delincuentes son considerados autores de esas muertes. Al hacerlo, actúan como instigadores irresponsables, utilizando su influencia para motivar a la fuerza policial a actuar contra personas que no han sido juzgadas como delincuentes por la justicia.

Estos comunicadores que llaman a matar a otros no solo violan la ética periodística, sino que también infringen la Constitución, buscando el aplauso de una sociedad que desconoce que estimular el homicidio es un delito. La nueva normativa penal busca, con estas disposiciones, establecer límites claros a la incitación a la violencia y proteger el orden democrático.