La Ley 25-26 establece el Sistema Nacional de Alertas para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, conocido como Alertas RD, con el objetivo de priorizar la búsqueda de personas desaparecidas en la República Dominicana. Esta legislación busca transformar la desaparición de una persona en una urgencia para los organismos de seguridad pública, eliminando demoras de hasta 72 horas en el inicio de las búsquedas. La ley responde a la necesidad de abordar de manera efectiva la angustia y vulnerabilidad que enfrentan las familias afectadas.

Históricamente, la búsqueda de personas desaparecidas ha sido parte de la labor de investigación criminal desde la década de 1950, cuando la Policía Nacional asumía estos casos bajo la premisa de que podían estar relacionados con delitos graves. Con el tiempo, se han desarrollado protocolos especializados para mejorar la efectividad en la resolución de estos casos. Sin embargo, la situación actual revela que entre 2022 y 2026 se reportaron aproximadamente 3,300 denuncias de desapariciones, muchas de las cuales involucran a adolescentes y adultos mayores en situaciones de vulnerabilidad.

Los investigadores enfrentan retos adicionales cuando las desapariciones ocurren en el entorno familiar, especialmente con niños y adolescentes. La obtención de información relevante se complica debido a omisiones, contradicciones y resistencia de familiares a compartir detalles que podrían ser cruciales para la investigación. Estas dificultades pueden prolongar los procesos de búsqueda, que a menudo permanecen abiertos durante años.

Las razones detrás de estas conductas son variadas e incluyen conflictos familiares, temor a consecuencias legales y problemas de salud mental. Estas situaciones impactan negativamente el desarrollo de las investigaciones, especialmente en las primeras horas, cuando la información es más valiosa. Por ello, la Ley 25-26 busca mejorar la respuesta a estas circunstancias, facilitando la localización de personas desaparecidas.

Una de las principales innovaciones de Alertas RD es el uso de herramientas tecnológicas para la difusión rápida de información. Las redes sociales y plataformas digitales permiten que miles de ciudadanos colaboren en la búsqueda, aumentando la capacidad de respuesta del Estado. Este enfoque busca aprovechar la conectividad de la sociedad actual para mejorar las posibilidades de encontrar a las personas desaparecidas.

A diferencia de otros países de la región, la República Dominicana no enfrenta actualmente la complejidad de desapariciones masivas relacionadas con el crimen organizado. Sin embargo, el compromiso de los actores de la seguridad pública, especialmente de la Policía Nacional, ha sido fundamental en la evolución de las investigaciones de desapariciones. Desde mediados del siglo XX, estas investigaciones han pasado de ser empíricas a incorporar métodos técnicos y científicos.

La Ley 25-26 refuerza esta evolución institucional, consolidando la capacidad del Estado para prevenir, coordinar y proteger la vida humana en situaciones de desaparición. Este marco legal representa un avance significativo en la búsqueda de soluciones efectivas para enfrentar un problema que afecta a muchas familias dominicanas.