La retórica imperial de Donald Trump plantea un dilema sobre si la fuerza de una nación le otorga derechos sobre otras. El derecho internacional contemporáneo responde que no, ya que una potencia puede tener mayor capacidad económica y militar, pero eso no legitima su voluntad de controlar territorios o recursos ajenos.

Desde esta óptica, ciertos planteamientos de Trump representan un retroceso, moviendo el fundamento del orden mundial de normas compartidas a la imposición de condiciones. Esta interpretación se centra en sus declaraciones y acciones, sin entrar en un diagnóstico personal.

Comparaciones históricas

La comparación con Roma resulta pertinente, ya que esta civilización también desarrolló instituciones y tradiciones jurídicas. Sin embargo, su organización imperial diferenciaba entre el centro dominante y los pueblos subordinados, donde la paz se sostenía en una jerarquía respaldada por la fuerza.

La retórica de Trump refleja una visión de que la superioridad material justifica una posición política superior. En su discurso inaugural de enero de 2025, mencionó la recuperación del canal de Panamá, sugiriendo que Estados Unidos podría decidir sobre una infraestructura bajo soberanía extranjera, lo que revela una concepción del poder que merece ser analizada.

Implicaciones del orden jurídico

El contraste con el orden jurídico actual es significativo. La Carta de las Naciones Unidas establece la igualdad soberana y prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados. El avance se basa en someter el poder a obligaciones que también afectan a los países más fuertes.

El retroceso civilizatorio ocurre cuando la norma se convierte en una concesión del poderoso, haciendo que la soberanía de los países pequeños dependa de su utilidad estratégica. Esto puede desestabilizar acuerdos y convertir la negociación en una forma de subordinación.

No obstante, no todo nacionalismo o cuestionamiento a la ONU es imperialista. Defender industrias y controlar fronteras puede ser legítimo, pero el problema surge cuando un Estado niega la autonomía de otros. Trump, al defender la soberanía nacional, debe también reconocer la soberanía de aquellos países cuyas decisiones no le favorecen.

La globalización también requiere una distinción clara. La integración económica no garantiza progreso civilizatorio, ya que puede ampliar oportunidades pero también distribuir injustamente sus beneficios. La Organización Mundial del Comercio busca vincular el intercambio con objetivos de desarrollo sostenible, ofreciendo criterios para evaluar sus resultados.

Para República Dominicana y otros países pequeños, esta discusión tiene consecuencias concretas. La previsibilidad jurídica protege inversiones y la independencia política, mientras que debilitarla aumenta la exposición a decisiones externas. Fortalecer la producción nacional y cooperar regionalmente es compatible con defender un orden internacional basado en normas.

La cuestión civilizatoria clave es si se pueden mantener instituciones que limiten el poder de los fuertes. Una potencia muestra grandeza al aceptar obligaciones, y cuando su fuerza se convierte en argumento, se regresa a una jerarquía imperial, generando incertidumbre para quienes dependen de su moderación.

Defender un orden internacional basado en normas es esencial para que República Dominicana proteja su capacidad de producir y decidir con independencia. La tarea es fortalecer la economía, educar a la población y construir relaciones de cooperación con todas las naciones.