La Constitución de la República Dominicana ha sido calificada como un «pedazo de papel» por su falta de aplicación efectiva en el país, según un análisis que destaca cómo las leyes se aplican de manera selectiva y circunstancial. Esta situación genera un divorcio entre la ilusión de un gobierno eficiente y la realidad de los abusos de poder, lo que provoca una creciente desconfianza entre la población.

El texto señala que las autoridades a menudo utilizan chivos expiatorios para proyectar una imagen de éxito, mientras que la población se siente burlada por promesas incumplidas y medidas que no abordan sus necesidades reales. La percepción de que la corrupción y el mal manejo son rampantes se ve alimentada por la falta de apoyo popular a las políticas gubernamentales.

Desobediencia Civil y Resistencia

La desobediencia civil se presenta como una respuesta ante los desaciertos del gobierno, donde la falta de apoyo a las medidas implementadas se convierte en un acto de resistencia. Se menciona que la no respuesta de la ciudadanía es una forma de manifestar su descontento, reflejando un claro rechazo a las decisiones de los funcionarios.

El análisis también aborda la reciente implementación de la facturación electrónica, que ha encontrado resistencia entre pequeños negocios y personas físicas, quienes aún prefieren el uso de efectivo. Esto se debe a la desconfianza en las instituciones y a la percepción de que las nuevas medidas no benefician a la población.

Se argumenta que la Constitución y el Código Civil establecen el peso dominicano como moneda de curso legal, y que ninguna resolución puede estar por encima de esto. La imposición de controles sin considerar la realidad del pueblo podría aumentar la evasión y la informalidad en la economía.

La Urgencia de un Referéndum

El texto concluye enfatizando que si la población, como «soberano mandante», decide rechazar las leyes vigentes, estas no tendrán valor. La necesidad de un referéndum se plantea como una vía democrática para que el pueblo exprese su voluntad y modifique las normativas que considera injustas.

Así, la discusión sobre la validez de la Constitución y la efectividad de las políticas gubernamentales continúa, mientras la población demanda un cambio real y efectivo en su calidad de vida.