La falta de cumplimiento de la Constitución por parte de las autoridades en la República Dominicana debilita el estado de derecho y la confianza ciudadana en la administración de justicia. La omisión en la evaluación oportuna de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, tras el vencimiento de los plazos establecidos, genera interrogantes sobre la fortaleza institucional del sistema. Este incumplimiento envía un mensaje peligroso a la sociedad: que las normas son obligatorias para algunos, pero opcionales para otros.

En un Estado de derecho, las decisiones no solo deben ser técnicamente correctas, sino también contar con la máxima legitimidad institucional. La inobservancia de los procedimientos constitucionales por parte de las autoridades erosiona la credibilidad de las instituciones y alimenta la percepción de inseguridad jurídica entre los ciudadanos. La democracia se fortalece cuando se respeta la Constitución, mientras que su incumplimiento por parte de quienes deben protegerla la debilita.

La confianza de la sociedad en el sistema de justicia es fundamental y no puede ser comprometida por omisiones que pudieron ser evitadas. La situación actual plantea un desafío para la administración de justicia, que debe trabajar para recuperar la legitimidad y la confianza de la ciudadanía. La importancia de cumplir con los mandatos constitucionales es clave para garantizar un sistema democrático sólido y respetado.