La provincia La Altagracia, a pesar de generar más de 5,000 millones de dólares anuales en ingresos turísticos, enfrenta serios problemas de pobreza estructural y se encuentra entre las de menor índice de desarrollo humano del país. Esta situación refleja una disparidad entre la riqueza generada y el bienestar de sus habitantes, lo que no es un contrasentido, sino una realidad preocupante.

Las causas de esta problemática son diversas y tienen raíces estructurales. En primer lugar, el modelo turístico de bajo encadenamiento limita el impacto económico en las comunidades locales, ya que gran parte de las operaciones comerciales se realizan fuera de La Altagracia. Además, la mayoría del personal contratado proviene de otras regiones del país, lo que reduce el beneficio directo para la población local.

En segundo lugar, la ausencia del Estado se traduce en una deuda histórica con la provincia. La inversión pública en áreas como salud, educación e infraestructura ha sido inferior a lo que La Altagracia aporta fiscalmente. La provincia genera impuestos, pero los proyectos de desarrollo se implementan en otras localidades.

A pesar de que el sector hotelero emplea a miles de trabajadores, las oportunidades de ascenso son escasas. Muchos desarrolladores inmobiliarios contratan mano de obra extranjera e irregular, lo que implica que los derechos laborales y la seguridad social son frecuentemente ignorados. Pocas empresas, como el Grupo Puntacana, realmente practican la responsabilidad social.

El gobierno tiene la responsabilidad de redirigir una proporción fija de los ingresos por turismo hacia áreas críticas como salud primaria, educación técnica y saneamiento en los municipios de La Altagracia. Esto debe hacerse con veeduría y auditoría ciudadana para asegurar la transparencia.

Asimismo, el sector empresarial debe comprometerse a fomentar cadenas productivas locales reales, en lugar de limitarse a discursos. El turismo sostenible debe ser un modelo de negocio efectivo y no solo un eslogan de marketing.

Las organizaciones de la sociedad civil en La Altagracia, incluyendo iglesias, juntas de vecinos y ONGs, deben hacer valer su voz. Es crucial que exijan de manera organizada y pacífica, sin alterar el orden público, para evitar caer en la ilegalidad y preservar los logros alcanzados hasta ahora.

La Altagracia no requiere más estudios o planes de desarrollo; necesita justicia económica. Esta diferencia es lo que las autoridades deben abordar para encontrar soluciones efectivas que promuevan el desarrollo real y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.